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El Ballet Folklórico de Amalia Hernández arrancará su gira del 30 de enero al 23 de marzo en distintas ciudades de EE.UU.

La desaprobación a los estándares internacionales de seguridad aérea es una reacción de Washington al creciente militarismo que observa aquí, y es un reproche a que el gobierno haya obsequiado al Ejército el principal aeropuerto civil.

Se nota que Estados Unidos está contra la infiltración del Ejército en las instituciones civiles mexicanas, con los generales metidos en la seguridad interior, en los aeropuertos, los puertos, los bancos, la construcción, la salud, las aduanas…

Eso es lo que está detrás de concluir que México no puede lanzar nuevas rutas aéreas hacia Estados Unidos: que la Casa Blanca observa a México en la misma ruta de Venezuela, la de un gobierno de un solo hombre sostenido por el Ejército.

De hecho, el gobierno mexicano es el único que se opone a que el régimen de Caracas sea condenado en la ONU por violaciones de sus militares a los derechos humanos y, en la OEA, por usar al Ejército contra los opositores.

Y la gestión de la aviación civil es vista en Washington como laboratorio del sistema político que se construye en su frontera sur para las próximas décadas, empezando porque un general, Carlos Antonio Rodríguez, dirige la Agencia Federal de Aviación Civil.

¿Cuál es hoy el país con el que Estados Unidos comparte tres mil kilómetros de frontera, comercia 1.2 millones de dólares al año y es el único del mundo al que le compra más de lo que le vende?

Un país encaminado rápidamente al cataclismo, al desorden.

Porque México registra hoy su peor depresión económica desde 1930, el presidente domina los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, el crimen controla la tercera parte del territorio y el Ejército se dedica a producir dinero.

Según la Auditoría Superior de la Federación, los militares tienen cuentas ocultas de las que en 2020 gastaron mil 200 millones de dólares sin dejar un registro público. Además, el presidente los autorizó a otorgar a dedo sus contratos.

O sea, el Ejército que no puede impedir que el narco controle la tercera parte del país, gasta el 41 por ciento del dinero de nuestros impuestos en otorgar obras sin rendición de cuentas, según sus contrataciones registradas en Compranet.

Es ese Ejército (que no combate al crimen, pero que controla la lana del país por decisión del presidente) el que construye (y manejará desde 2022) el principal aeropuerto del país, además de tres aeropuertos más en el Sureste.

Todo eso, mientras Washington ve como la “mayor amenaza para EU” a los cárteles Sinaloa, CJNG, Beltrán Leyva, Noreste, Zetas, Guerreros Unidos, Golfo, Juárez, La Línea, Los Rojos y Familia Michoacana, y que controlan entre 30 a 35 por ciento de México.

La ecuación venezolana delante de sus narices.