Me ha llovido por opinar que la Cámara de Diputados no debe instruir juicios políticos (de procedencia, se llaman) a servidores públicos, porque las discusiones y alegatos constituyen medievales linchamientos a cargo de la partidocracia. Carlos Puig me recordó que, más allá de que, efectivamente, el procedimiento se presta para lo que tanto abomino, el … Continued
Me ha llovido por opinar que la Cámara de Diputados no debe instruir juicios políticos (de procedencia, se llaman) a servidores públicos, porque las discusiones y alegatos constituyen medievales linchamientos a cargo de la partidocracia.
Carlos Puig me recordó que, más allá de que, efectivamente, el procedimiento se presta para lo que tanto abomino, el fondo es, paradójicamente, evitar que las procuradurías o fiscalías actúen como policía política por instrucciones de los gobernadores o el presidente de la República en turno (de una sola militancia u orientación política).
De lo que se trata en San Lázaro, lo sé, no es procurar o impartir justicia, sino debatir y resolver si a funcionarios con fuero se les quita o no esta condición especial.
Ante la disyuntiva de que el destino judicial de un servidor público lo determine un gobernante o el pleno diputadil (pluripartidista), y para evitar que los juicios de desafuero se conviertan en hogueras para chamuscar honores a la intemperie, sugiero que las sesiones, simplemente, nunca más vuelvan a ser públicas…
Minuto a minuto
