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La vieja y sabia mezcla de que quien acusa debe probar con el nuevo sistema de justicia y la presunción de inocencia fue saludablemente prescrita el viernes por el Instituto Nacional Electoral, donde “se tiene total interés de que se esclarezcan todas las dudas” respecto de las elecciones del 4 de junio, dijo el consejero presidente Lorenzo Córdova.

Y su par Ciro Murayama precisó: quien diga que hubo un “procedimiento incorrecto que modificó lo que se expresó en las urnas, debe probarlo”.

Resaltó esta obviedad:

“Denunciar sin probar es algo inaceptable viniendo de actores políticos que son poderosas maquinarias”.

Esas maquinarias que no mueven sus promesas demagógicas, sino el dinero público.

Por más que se aleguen irregularidades en el proceso anterior a las votaciones en cuatro estados (materia de litigio en los tribunales electorales), para negar los resultados oficiales de los institutos estatales habría que suponer una conspiración tumultuaria de consejeros locales y nacionales, mapaches y hasta policías.

Suponer… y demostrar.

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