Fiscales, en ciernes

A mitad de la semana que termina, en un desayunadero de la Hipódromo Condesa, ocurre una reunión de trabajo que encabeza el maestro Bernardo Bátiz. A la mesa, media docena de colaboradores del exlegislador y exprocurador de justicia capitalino le presentan documentos y aportan puntos de vista sobre algunos temas esenciales.

A diferencia de otros colaboradores del presidente electo —Alfonso Romo y Olga Sánchez Cordero son los ejemplos más elocuentes— que tienen oficinas y staff para cumplir con sus funciones sustantivas, Bátiz Vázquez primero cumple con sus deberes familiares y después “arrastra el lápiz” donde le es posible. Algunas veces —las menos— en las oficinas que su amigo José Agustín Ortiz Pinchetti tiene a unas cuadras.

Las dificultades logísticas de esta transición sui géneris no impiden que AMLO atienda a los integrantes del próximo gabinete y que a su vez éstos, con sus equipos, avancen en la consolidación de los planes y programas prioritarios.

Bátiz Vázquez supervisaba los detalles de un documento que presentaría en el despacho del presidente electo, al mediodía del miércoles 3. En la víspera se habían conocido más detalles de los procesos de mediación que la próxima administración implementará para atender los reclamos de las víctimas de la violencia, que recaerán en la responsabilidad del equipo de Olga Sánchez Cordero.

El castigo a los responsables de crímenes, actos de corrupción y delitos electorales recaerían en el plan de acción que Bátiz Vázquez defendería, en caso de que el Ejecutivo federal lo integrara a la terna que enviaría al Senado de la República dentro de un mes.

Antes, una decena de “candidatos” —entre quienes figura el abogado, de 82 años de edad— serán evaluados. En ese grupo también figura la magistrada oaxaqueña Eva Verónica de Gyves, aunque con menos posibilidades. Y en las últimas semanas ha comenzado a escucharse con insistencia que el actual secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, estaría en la terna que —en un acto de cortesía— enviaría el presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara Alta. El abogado mexiquense —de acuerdo con esas versiones— tendría el aval de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero.

Primero, el fiscal general. Y terminado ese proceso, ya con AMLO en Palacio Nacional, vendría la designación de los nuevos fiscales especializados en atención de delitos electorales y combate a la corrupción. Las fuentes consultadas coinciden en que los candidatos más perfilados son José Agustín Ortiz Pinchetti, para la primera, y María de la Luz Mijangos, para la segunda.

Antiguos funcionarios del GDF están llamados a incorporarse a la cuarta trasformación. Algunos en la administración federal y otros en los gobiernos locales. Para la nueva Agencia de Inteligencia se perfila el exjefe de la policía capitalina, Joel Ortega. Y para la fiscalía de la CDMX, Gabriel Regino, aunque la intención de la ministra Sánchez Cordero de “darle rostro femenino” a esas dependencias podría llevar a esa posición a Patricia Bugarín.

Antes de esos nombramientos, en la CDMX deberá procesarse la designación del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia. El magistrado Rafael Guerra Álvarez contaría con el respaldo de la próxima secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, pero su eventual nombramiento eliminaría a su esposa, la magistrada De Gyves, de la lista de candidatos a la fiscalía general de República. La terna para el TSJ-CDMX la completan las magistradas Celia Marín Sasaki y Rosalba Guerrero Rodríguez, además de Manuel Díaz Infante y el actual presidente del Tribunal, Álvaro Pérez Juárez.

EFECTOS SECUNDARIOS

RECONOCIMIENTO. La desconfianza ciudadana a las autoridades es un hecho irrebatible. Y por eso, sostiene Janine Otálora Malassis, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial, los magistrados están abiertos al escrutinio público, al tiempo que están dispuestos para el debate y discusión de sus sentencias y criterios jurisdiccionales. El modelo de justicia abierta llegó para quedarse, afirmó en Coahuila. Incluso, advirtió que las crisis institucionales tienen su origen en el secretismo y la opacidad, por eso es que resulta sano discutir los criterios del Tribunal. ¿Será?

DISTINCIÓN. Andrés Manuel López Obrador tuvo que salir al paso de las críticas por la aparición de su colaborador César Yáñez, en la portada de la edición local de la revista ¡Hola! “No me casé yo. Asistí porque fui invitado. Cada quien es responsable de sus actos. No es una acción de gobierno. Es un evento social privado”. Y añadió: “Desde luego que están cuestionando nuestros adversarios, porque andan en busca de cualquier posible error para hacernos la crítica, que por supuesto tienen derecho a ella”.

INTENTONAS. En Aeroméxico no creen que la situación de riesgo haya quedado superada. Si bien los agremiados a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores terminaron por aceptar las ofertas de la empresa y se evitó la cancelación de alrededor de 300 vuelos diarios, los nubarrones no se alejan. La mayoría de los pilotos afiliados a ASPA —433 votaron a favor y 25 en contra— evitó la huelga, pero el secretario general, Rafael Díaz Covarrubias, y su vocero, Mauricio González Aguilera, ahora buscan mantener vivo el reclamo de regresar las condiciones contractuales a las que existían en el 2010 cuando la aerolínea todavía pertenecía al gobierno. Al interior del gremio, ya se preguntan qué interés detrás pueden tener sus líderes sindicales al iniciar este cabildeo y ¿si es que la jugada sea propiciar en un futuro cercano la quiebra de Aeroméxico y beneficiar a las otras aerolíneas a costa de todos los agremiados? Órale.