Finiquitos, en el PRD

Con pasivos por pagar con proveedores, multas pendientes con el INE y la ineludible obligación de cubrir salarios de casi medio millar de empleados, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) está en la miseria financiera.

El presidente interino, Manuel Granados Covarrubias, encontró las arcas partidistas sin fondos hace ocho meses y comprometidos los 530 millones de pesos que la autoridad electoral entregará al sol azteca para el sostenimiento de sus actividades, ordinarias y específicas, incluida la promoción de la participación política de las mujeres. Otros 248 millones de pesos —correspondientes al financiamiento para gastos de las campañas federales— fueron canalizados a Por México al Frente, la coalición electoral que también involucró al Movimiento Ciudadano y al PAN y que resultó ser un mal negocio, ante el riesgo de quiebra.

El incumplimiento de las obligaciones con terceros está sujeto al arbitraje del INE. Pero el pago de las nóminas y los impuestos recae en otros terrenos. En materia laboral, la representación del sol azteca estaría por acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para solicitar la extinción del Sindicato Unión de Trabajadores del PRD.

Amparados por el contrato colectivo firmado hace tres años, 193 trabajadores técnico-administrativos (choferes, analistas, secretarias, reporteros, mensajeros, además del personal de mantenimiento, intendencia y vigilancia, entre ellos) se han declarado en resistencia y ante la amenaza de perder su fuente de empleo, denunciaron la presencia de “aviadores” en la nómina de empleados de confianza, con salarios altos y nexos políticos.

En efecto, los dirigentes de las distintas corrientes de expresión están en la nómina partidista, la mayoría desde hace una década, contratados bajo un esquema de servicios profesionales por honorarios asimilados, pero con las mismas prestaciones que los trabajadores sindicalizados: aguinaldo, prima vacacional y las cotizaciones en el IMSS y el Infonavit. “De ahí no se toca a nadie”, denunciaron los sindicalizados.

Una burocracia partidista con ingresos competitivos: los subsecretarios, 29,500 pesos; los asesores políticos y los coordinadores, 25,000 pesos; un ejército de “enlaces políticos”, con 25,000 pesos de salario, y “enlaces financieros”, con 13,850 pesos de salario, misma percepción garantizada para los “asistentes políticos”. Los “operadores políticos”, en cambio, ganan 11,448 pesos mensuales.

El organigrama perredista registraba anomalías y discrecionalidades, como los salarios de media docena de subsecretarios que ganan 61,631 pesos, lo mismo que el coordinador de medios, o los delegados políticos, con 30,650 pesos; además del bono anual —de un mes de salario— que se entrega a la cúpula partidista, extensivo a los consejeros honorarios, quienes perciben una mensualidad de 13,850 pesos.

El sueldo mensual del presidente del CEN es de 66,172 pesos, mientras que la secretaria general gana 59,000 pesos y el presidente del Consejo Nacional, 51,616 pesos. El representante ante el INE, 46,539 pesos.

Entre los trabajadores sindicalizados hay media docena de secretarias, con sueldos de 21,700 pesos, y otra media docena de auxiliares administrativos, que perciben 23,150 pesos. Y junto con los dos choferes de los autobuses del partido —que ya no circulan, por cierto— que ganan 23,800, están en la cúpula del escalafón del SUTPRD, cuya nómina requería de 3 millones de pesos cada mes.

La situación económica del partido obligaría a reducir a la mitad la nómina de empleados, tanto de base como de confianza. Pero un oficio remitido por Granados al senador Miguel Ángel Mancera prendió las señales de alerta: con 145 sindicalizados por liquidar, urgía a un “pase de charola”, para conseguir 45 millones de pesos.

Con la medida, la dirigencia partidista busca aminorar el impacto de la reducción de las prerrogativas que sufrirá en el 2019, por los malos resultados electorales y de los descuentos que el INE ya aplica a las administraciones, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral. Desde hace dos meses, está obligado a cubrir una multa, por 125 millones de pesos, correspondiente a las campañas del 2012.

La austeridad al PRD llegó dos meses después de la derrota electoral. El 29 de agosto, con la rúbrica de Manuel Cifuentes, secretario de finanzas del CEN perredista, los trabajadores sindicalizados fueron emplazados a acogerse al programa de retiro voluntario. Al ultimátum, sólo 59 respondieron afirmativamente.

La oferta consistía en aceptar un finiquito de 12 días de salario por cada año de antigüedad, aunque algunos negociaron hasta 20 días y otros —la minoría— lograron ser recontratados, aunque renunciaron a sus derechos adquiridos.

El sindicato reveló —con información que le entregaron integrantes del CEN que se oponen al recorte de personal— que hace un mes el presidente nacional, Manuel Granados Covarrubias, urgió al coordinador parlamentario en el Senado de la República y exjefe de gobierno capitalino, a recolectar 45 millones de pesos para cubrir las indemnizaciones antes del Consejo Nacional, que sesionará el próximo fin de semana.

La “profunda revisión presupuestal” en el PRD antecede a la reunión extraordinaria de sus consejeros nacionales, que se efectuará este fin de semana. El ex diputado federal Jesús Zambrano Grijalva, uno de los líderes más visibles de Nueva Izquierda, de plano emplazó a una transformación del partido, con la intención de “construir algo superior, junto a sectores progresistas del país y ser una opción creíble de izquierda”.

El PRD concluye un ciclo de vida, definió. “Ahora hay que renovarlo, corregir errores y conformar un partido superior, para ser contrapeso democrático ante la regresión autoritaria que representa AMLO”. ¡Órale!