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Si una sola mujer asesinada, aquí y en donde sea, es ya una tragedia, resulta cuando menos tendencioso jugar con las cifras. Sobre todo si hay noticias como el asesinato, de cien tiros, a las pequeñas Lindsay, Sherlyn y Arleth Sánchez Gordillo, el domingo por la noche en Ciudad Juárez.

Por ejemplo, de enero a junio pasados, en el país fueron asesinadas 53 mujeres más que en el primer semestre de 2018: es decir, 563 feminicidios según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Es 563 una cifra alta? Pues, ni alta ni baja: ¡Son mujeres asesinadas!

Igual en CDMX. Ayer el presidente dijo que cuando la actual jefatura tomó posesión, la incidencia de homicidios era muy elevada, pero que ha comenzado a reducirse. En el primer semestre de 2018 mataron a 29 y, a 26 en el primero de este año: ¿Qué tanto son tres muertas menos?

Hay que insistir: no tiene que morir ni una. Así que sobran los pies forzados periodísticos que recargan las tintas, al estilo de comparar el primer semestre de 2015 con… el primer semestre de 2019: es decir de ¡hace cuatro años! Es demasiada intención en un tema tan sensible.

A saber, los feminicidios en la CDMX han disminuido en 53.5 por ciento, comparando el primer semestre de 2015 con el mismo periodo de este año, porque entonces fueron 56 casos contabilizados y, hoy, 26. Ah, pero ya habían bajado el año pasado, con 29.

Sin embargo, el asunto no está en los números porque las mujeres no son números, son seres humanos. El asunto está en cómo puede el Estado enfrentar la ola de asesinatos de mujeres que se registra en el país desde hace años.

Aunque en eso ya la CDMX dio un paso importante: en julio pasado, el Congreso local reformó por unanimidad el Código Penal para que el feminicidio sea castigado con penas de 70 años de prisión. Antes, era de 50 años de cárcel. Falta, en cambio, y urge, que arranque la Fiscalía contra el Feminicidio.

Y, sí: ya tenemos Fiscalía contra el Feminicidio, sólo que todavía sin titular, a pesar de que fue creada desde el 6 de mayo. Desde entonces, las autoridades buscan a quién eligen, en conjunto con sobrevivientes y organizaciones de la sociedad civil.

Está muy bien que las penas de prisión para los asesinos de mujeres hayan aumentado de 50 a 70 años, aun cuando por lo general a casi nadie le alcance la vida para pasar en la cárcel, lo mismo 50 que 70 años. Es imprescindible, además, que empiece a funcionar la Fiscalía.

Porque no es un tema de cifras. Es que…

No maten a las mujeres.