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LIC. OMAR GARCÍA HARFUCH,

SECRETARIO DE SEGURIDAD

Y PROTECCIÓN CIUDADANA:

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Extorsionador a su víctima

Celebro que el Gabinete de Seguridad finalmente haya volteado a ver el problema del cobro de derecho de piso y la extorsión, como lo muestra que haya lanzado la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Este delito impacta mucho más a la población que el propio narcotráfico; la cantidad de extorsiones y la variedad de ámbitos económicos y sociales que afecta son descomunales.

Según datos del INEGI-2023, cinco mil 213 personas por cada 100 mil habitantes fueron víctimas de la extorsión. Si extrapolamos estos números a la población total, estamos hablando de que siete millones -sí, millones- de mexicanos fueron extorsionados en un solo año. En contraste, sólo fueron denunciados el 3.3% de los casos, si nos atenemos a la encuesta del INEGI, porque según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la cifra es mucho menor.

Sabemos que los ciudadanos tienen reticencia a acudir al Ministerio Público a levantar una denuncia del tipo que sea; la mayoría tiende a pensar que el MP no va a solucionar nada y solo será una pérdida de tiempo. La ineficacia e ineficiencia de estas oficinas, así como de las policías de investigación, es proverbial.

Por ello llama la atención que dentro de las diversas estrategias para combatir a la delincuencia se ponga tan poco énfasis en los ministerios públicos dependientes de las fiscalías; ahora que se habla tanto de coordinación interinstitucional, podrían considerarlos como el otro brazo de la pinza. Hoy en día, los ministerios públicos son el primer obstáculo para la justicia o, si lo ve del otro lado, son la primera garantía para la impunidad.

Por lo que hace a la extorsión telefónica, ésta se encuentra enraizada en los penales, desde donde se comete el ilícito pese a los inhibidores de señal, sin que las autoridades penitenciarias hagan algo al respecto. ¿Connivencia?, muy probablemente. El cobro de derecho de piso impacta toda la vida productiva, pues a los malandros les da lo mismo si la víctima es dueño de una huerta de aguacate en Michoacán, una restaurante de lujo en Acapulco, una tortillería en Ecatepec o un puesto ambulante de tacos en Chalco, todos deben pagar.

Los extorsionadores tienen el numerito muy armado, usted lo sabe don Omar. La inversión que los maleantes deben hacer es mínima; no tienen que comprar insumos ni nada, si acaso armas para amedrentar, lo cual hace a la extorsión muy rentable. Así las cosas, los extorsionadores hacen un primer acercamiento y si la víctima no responde, recopilan información sensible para presionar; el tercer llamado es la vencida. Juegan con el temor, cuando no el terror, de la víctima por el daño que le pueden hacer a ella y a su familia.

Del lado de las víctimas el costo económico y emocional es exponencial, pues no es una fechoría que las personas sufran un día, como un asalto a transeúnte o el robo de vehículo, la extorsión es un delito que la víctima sufre a lo largo del tiempo, tanto como el extorsionador quiera.

Un caso notable ha sido la extorsión al transporte público. Por ejemplo, en la zona oriente de Morelos, dos rutas llegaron a suspender parcialmente su servicio en mayo pasado, tanto como protesta por la inseguridad, como por el temor del daño que los extorsionadores les puedan hacer. Al chofer que no quiera pagar, tan fácil como balearle el vehículo, cuando no balear al pasaje o golpear al chofer. Y al que sí “coopera”, le ponen una calcomanía en su vehículo para que los maleantes que andan monitoreando la ruta sepan que ya pagó su cuota. Y en su macabro sentido del humor, la calcomanía es de un osito con dos metralletas.

Entre los malhechores también hay niveles y alcances. En las zonas de ambulantaje, la mayoría de los comerciantes carecen de permiso, razón por la cual deben adherirse al líder correspondiente y éste ponerse de acuerdo con la banda de extorsionadores que ronde por la zona y a veces lidiar con las disputas entre dos o más grupos. La banda no necesariamente cuenta con la estructura de un cártel de droga; puede ser una célula, pero su violencia es comparable.

Veo que la Estrategia va acompañada de una campaña de comunicación exhortando a la población a llamar al número 089. Supongamos que el centro telefónico funciona de maravilla y que la población se anima a llamar, ese es solo el primer paso, pues lo más complicado para la víctima es que las autoridades le den garantía de que la denuncia no incrementará el riesgo en el cual se encuentra, ya sea en su persona o en la cuota que deba pagar. Espero que lo tengan contemplado.

En fin, que combatir la extorsión parece un trabajo de Sísifo, subir una enorme piedra a la punta del cerro solo para ver que rueda abajo y hay que volver a empujar. Como sea, no se desanime, señor secretario.

Con la colaboración de Upa Ruiz

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