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Desde la campaña electoral, el spin de Sheinbaum ante señalamientos adversos es exigir pruebas y, si las hay, que sean presentadas en la ventanilla indicada. Y… “siguiente pregunta”. Aquí es cómo funciona: ni las ve ni las oye. Pero no con EU, que las envía, a detalle.

Hace tres semanas, Sheinbaum defendió a ultranza a su compañera Aracely Brown, exalcaldesa de Rosarito y actual diputada federal, cuando EU le pidió redactar un comunicado conjunto, para informar que su compañera opera y recauda dinero para el narco.

Sheinbaum mandó el menaje: se tomó una foto con la señalada: “Es una violación a la soberanía. Si EU tiene pruebas, que las presente”. Y EU le mandó las pruebas. Tantas, que la presidenta tuvo que mandar congelarle las cuentas a Aracely Brown.

¿Por qué EU y, ahora Sheinbaum, le congelaron las cuentas a la diputada de Morena?: por operar para el narco, cobrando derecho de piso y protegiendo actividades criminales de los hermanos Arzate, líderes de Los Mayos en Rosarito, Baja California.

La presidenta también exigió pruebas, cuando EU acusó de narcolavado a CIBanco, Intercam y Vector, ésta última, propiedad de Alfonso Romo, jefe de oficina del presidente López Obrador. ¿Pruebas? Le mandaron un camión de pruebas.

Tantas pruebas que CIBanco tuvo que cerrar sus sucursales en liquidación. Mientras, Intercam y Vector también andan en cierres y liquidación, huida de clientes y venta de activos. De hecho, hoy EU anuncia las sanciones que les impondrá.

La que preocupa al gobierno mexicano es Vector, pues acerca la lumbre a López Obrador: es la empresa estrella de su jefe de oficina y aparece vinculada al narcolavado, compra de precursores de fentanilo y el pago de sobornos a funcionarios corruptos.

Las pruebas de EU concluyen que la empresa del jefe de la oficina de López Obrador “es consistente en su típico patrón de asociarse y facilitar transacciones para múltiples actores que operan en nombre de cárteles, incluidos el de Sinaloa y el del Golfo”.

“Pruebas y, si las tienes, ve con la FGR”, pidió Sheinbaum a Xóchilt Gálvez durante un debate de la pasada campaña presidencial, cando la candidata opositora acusó a Morena de encabezar un cártel de contrabando de combustible.

Ya en el gobierno, Sheinbaum tuvo que destapar al cártel del “huachicol fiscal”, operado desde las aduanas y la Marina, que trae gasolina y diésel del extranjero y lo hacen pasar como aceite para no pagar IEPS: un negocio de 177 mil millones de pesos al año.

Fue detenido el vicealmirante Roberto Farías Laguna, sobrino del secretario de Marina de López Obrador, y resultaron asesinados o se suicidaron varios altos mandos, así como de funcionarios aduanales. Entonces: ¿Pruebas?

Cuidado. Parece que hay muchas.