El impedimento en la ley de víctimas de quemar cuerpos debe (o debiera) únicamente aplicarse para muertes con violencia que son materia de averiguación penal
Hace 20 años en Kolyma, Siberia, bajo 30 metros de tierra helada (permafrost) se descubrió congelado un megavirus (tamaño equiparable al de una célula) de 30 mil años de antigüedad, al que se nombró Pithovirus sibericum. En 2012, un equipo científico verificó en laboratorio que el hallazgo se reanimó y logró infectar amibas, parásitos intestinales que producen la amibiasis, la tercera enfermedad parasitaria más contagiosa en el mundo.
La vida y reproducción de los virus ocurre en lugares fríos, húmedos y oscuros, pero los calientes, en cambio, los mata. Por esto es que para efectos de salud pública, frente a males como el causado por el covid-19, conviene más cremar que enterrar a los muertos.
No obstante, las autoridades federales de Salud y Gobernación acordaron que no sean incinerados los cuerpos de fallecidos a consecuencia del devastador azote, lo cual puede acarrear consecuencias funestas. Pretextan la tontería de que no se quiere afectar la búsqueda de las decenas de miles de desaparecidos.
“En un país donde existen desapariciones forzadas, cosa que es una monumental tragedia social, existe una ley de víctimas que contempla que esto (la incineración) no debe ocurrir”, ha dicho (noche del martes) Hugo López-Gatell. “En todo momento se tiene que tener la posibilidad de buscar a las personas desaparecidas”, enfatizó, y soltó un contrasentido de colección: “Ya desde temprana fecha se identificó que resulta improcedente el considerar la cremación, a pesar de que en términos sanitarios sea recomendable…”.
¿Por qué quienes tienen la responsabilidad de garantizar la salud pública reculan de lo que “en términos sanitarios” es “recomendable”?
De risa loca imaginar que un contagiado de coronavirus con algún servicio médico sea un “desaparecido” pero, de serlo y muere por el contagio, quedan sus datos en el registro para ser plenamente identificado.
El impedimento en la ley de víctimas de quemar cuerpos debe (o debiera) únicamente aplicarse para muertes con violencia que son materia de averiguación penal, tragedias que ninguna relación guardan con quienes pierden la vida de manera clínicamente explicable.
Ante las pestes que han flagelado a la humanidad (desde la bubónica y las recientes de cólera, fiebre tifoidea, tuberculosis, ébola, influenza, ántrax o viruela), ningún gobierno del mundo ha impuesto la incineración de cadáveres… pero tampoco prohibido y muchos la recomiendan.
El subsecretario indicó: “No hay evidencia, hasta la fecha, de que exista riesgo de infección a partir de cadáveres de personas fallecidas por coronavirus”, pero (no es infectólogo sino epidemiólogo) debe saber que tampoco hay prueba en contrario y que la cremación, sobre todo en padecimientos nada o poco conocidos como el actual, es lo que mejor procede porque cada cadáver es una fuente de muerte por medio de secreciones que siguen siendo contagiosas.
¿Pues no que prevalecería “la ciencia sobre la política…”?
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