A partir del delito de omisión imputado a Robles, en estricta lógica jurídica, la red de La Estafa Maestra debería desembocar en una auténtica redada
El delito imputado con pena de cárcel preventiva a Rosario Robles, ejercicio indebido de la autoridad, por su omisión en detectar las tropelías de La Estafa Maestra, debería tener consecuencias judiciales equivalentes para otros funcionarios del gobierno anterior.
Si algo único y distinto hay en la investigación de La Estafa Maestra es el descubrimiento no de un funcionario, sino de una burocrática de alto nivel implicada en la maniobra.
Aunque la prensa y las autoridades judiciales tienden a atribuir el desfalco a la gestión de Rosario Robles, el mapa real de la estafa incluye una constelación de administradores cómplices.
Lo ha recordado con precisión Salvador Camarena, periodista clave de la denuncia, en su columna: “Estafa maestra: los otros diez ‘Rosarios’” ( https://bit.ly/2N1y4Mk).
A partir de los registros de la Auditoría Superior de la Federación, la bien llamada “estafa maestra” se refiere al desvío de 7 mil 760 millones de pesos.
Contra lo que sugiere la información de estos días, Rosario Robles no solo no fue la única operadora de la desviación de los recursos, sino que tampoco fue la mayor.
Hay 11 dependencias imputables de lo mismo. En orden de magnitud de los desvíos, el ranking es: 1. Pemex: 3 mil 576 millones. Titular: Emilio Lozoya. 2. Sedesol: 2 mil 244 millones. Titular: Rosario Robles. 3. Banobras: 491 millones de pesos. Titular: Alfredo del Mazo. 4. Registro Nacional Agrario: 447 millones. Titular: Manuel Acosta Gutiérrez. 5. SEP: 278 millones. Titular: Emilio Chuayffet. 6. Fovissste: 249 millones. Titular: Juan José Reyes Baeza. 7. Senasica (Sagarpa): 138 millones. Titular: ¿? 8. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos: 97 millones. Titular: Alfredo Llorente. 9. Secretaría de Economía: 96 millones. Titular: Ildefonso Guajardo. 10. SCT: 52 millones. Titular: Gerardo Ruiz Esparza. 11. Secretaría de Agricultura: 19 millones. Titular: Enrique Martínez y Martínez.
Por el delito imputado a Rosario Robles deberían comparecer todos los funcionarios mencionados arriba, todos los rectores de las universidades que recibieron dineros de la estafa, y el también omiso presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
A partir del delito de omisión imputado a Robles, en estricta lógica jurídica, la red de La Estafa Maestra debería desembocar en una auténtica redada judicial.
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