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En la 4T, todo tranquilo. Consideran que hay una limpia necesaria y que el tiempo les dará la razón que ahora reflejan las encuestas.

¿Está fuera de la realidad la Ley de Austeridad Republicana? En un país donde los altos ejecutivos del sector privado ganan más de medio millón de pesos al mes, la ley fija un tope de salario de 108,000 pesos mensuales. Todo esto a partir de un salario presidencial que fue reducido a la mitad.

¿Debemos tomar como referencia los sueldos más altos del sector privado o el ingreso promedio del mexicano? El presidente López Obrador tiene su punto de vista y con él coinciden millones de mexicanos, que piensan que los funcionarios públicos ganaban demasiado. El que las mayorías y presidente coincidan no basta para poner el punto final. El mercado laboral funciona en una realidad paralela, donde el tope de 108,000 pesos es absurdo. En México, sobran trabajadores disponibles, pero hay una escasez de talento. Los altos salarios reflejan el esfuerzo por atraerlo.

¿Es sensato poner una prohibición de 10 años para que los funcionarios trabajen en el sector privado al que regularon? La Ley de Austeridad impone el plazo más largo en el mundo. En otros países, la cuarentena va desde los dos hasta los cinco años.

México rompió el molde. El primer efecto es una salida masiva de funcionarios de nivel medio. Eso está ocurriendo en dependencias como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Los trámites se han ralentizado y no está claro si la nueva velocidad es algo que llegó para quedarse o parte de una curva de aprendizaje. Las industrias reguladas lo viven como un incremento en el nivel de incertidumbre. En los altos círculos de la Cuarta Transformación no parecen preocuparse. La sustitución del personal de carrera por gente leal al movimiento estaba en el libreto del amplio triunfo del 2018.

¿Qué pasará con los amparos de los servidores públicos? Hasta el momento son 5,700 funcionarios que han optado por la vía judicial. Objetan la prohibición de 10 años para trabajar en el sector que regularon o del que hayan tenido información privilegiada. También ponen de relieve la vulneración de sus derechos.

Estos amparos pondrán a prueba el sistema de justicia. Dirán mucho de su imparcialidad e independencia, pero también marcarán la pauta de lo que será en el futuro la administración pública y su relación con el sector privado.¿Qué pasará con la capacidad de atracción de talento del sector público? ¿Qué efecto tendrá en el nivel de la corrupción el tener menores sueldos?

Necesitamos tiempo para responder, pero tenemos suficiente para afirmar que la Ley de Austeridad sepulta la ley que creaba el servicio profesional de carrera. Esta data de abril del 2003 y nunca llegó a ser todo lo que se esperaba de ella. Entre sus objetivos estaban asegurar la profesionalización y el desarrollo de los servidores públicos, además de crear las condiciones para que los méritos profesionales fueran el principal criterio de ingreso y ascenso dentro del servicio público.

Fuego, fuego…, gritan algunos exservidores públicos. En la Cuarta Transformación, todo tranquilo. Consideran que hay una limpia necesaria y que el tiempo les dará la razón que ahora reflejan las encuestas. Mientras tanto, la curva de aprendizaje sigue. Lo cierto es que todo proyecto político requiere de un cuerpo técnico que lo haga realidad. No está claro que la Cuarta Transformación lo tenga o que le preocupe carecer de él.