La grabación y difusión ilegal de un penoso diálogo privado del presidente del INE, Lorenzo Córdova, nos recuerda a todos que el espionaje es parte de nuestra vida pública diaria, nuestra diaria impunidad. La semana anterior había un banquete de los medios por la conversación privada entre funcionarios de la empresa OHL. Anteayer, otra vez. … Continued
La grabación y difusión ilegal de un penoso diálogo privado del presidente del INE, Lorenzo Córdova, nos recuerda a todos que el espionaje es parte de nuestra vida pública diaria, nuestra diaria impunidad.
La semana anterior había un banquete de los medios por la conversación privada entre funcionarios de la empresa OHL. Anteayer, otra vez.
Antes, por la conversación filtrada de la candidata al gobierno de Sonora con un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones.
La guerra sucia electoral sucede estos días en su propia franja ilegal de filtraciones.
Todo personaje de alguna visibilidad pública o privada en México sabe que está o puede estar siendo espiado, que su teléfono celular, aún si está apagado, puede hacer las veces de un micrófono para oyentes secretos, y su computador ser una fuente de información privada hasta para hackers de medio pelo.
Entre los derechos fundamentales que el Estado no garantiza en México hay que poner el de la privacidad. El gobierno ejerce la espía con discrecionalidad que nadie acota, y es incapaz de contenerla entre espías privados, aun cuando está facultado obligado a ello por la ley.
Citaré al efecto las palabras del Código Penal Federal, triviales dada la descomposición legal de nuestros usos y costumbres, pero que aún así están inscritas en la ley.
Artículo 211 Bis. A quien revele, “divulgue” o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días de multa.
Si la palabra “divulgar” quiere decir en este código lo mismo que significa en castellano (“Publicar, extender, poner al alcance del público algo”, Diccionario de la Real Academia) se han hecho acreedores a penas de cárcel y a multas todos los medios que hayan divulgado las grabaciones ilegales mencionadas, o cualquier otra. Todos y cada uno de ellos. Todos y cada uno de nosotros.
Para cumplir la ley en este caso habría que meter a la cárcel a toda la prensa nacional.
De la conversación privada del presidente consejero del INE hay algo más que decir, y lo diré mañana.
Minuto a minuto
