Escollos en Cobián

Cada mes, el Instituto Nacional de Migración recauda 750 millones de pesos provenientes de los derechos pagados por los extranjeros que ingresan al país para realizar actividades turísticas. De ese monto —enterado a la Tesorería de la Federación—, 80% (600 millones) es transferido al Consejo Mexicano de Promoción Turística, que a su vez debe entregar 10% de la recaudación total al Fonatur.

Entre la caja del Inami y la Subsecretaría de Ingresos, la encargada de vigilar el destino de esos recursos es Susana Mejía Ramírez, directora general de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Gobernación. En el cumplimiento de esa misión, está comprobado, ha actuado con rigor y pulcritud.

Mejía Ramírez cuenta con una larga trayectoria en la administración pública federal, que se remonta a los sexenios panistas. Al arranque de esta administración colaboró con Isaac Gamboa Lozano en la Unidad de Política y Control Presupuestario, que depende de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, bajo las órdenes de Alejandro Sibaja Ríos.

En el último trimestre del 2017, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, autorizó su nombramiento como directora general adjunta de Finanzas en la Comisión Especial para la Atención a Víctimas, a propuesta del titular de ese organismo, Jaime Rochín. ¿Su encargo? Administrar los fondos de las indemnizaciones que el Estado mexicano debe entregar, entre otros, a los familiares de los afectados por los sucesos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, e Iguala, Guerrero.

Hace 10 meses fue invitada a incorporarse al equipo que llegó a Palacio de Cobián con Navarrete Prida, por el subsecretario de Gobernación, Manuel Cadena Morales. Con esos patrocinios y la convicción de que a estas alturas del sexenio nadie —ni siquiera de Los Pinos— puede influir en sus decisiones.

Su negativa a autorizar los pagos pendientes —algunos están congelados desde hace seis meses— ha acarreado reclamos al secretario Navarrete Prida y al subsecretario Cadena Morales por parte de los proveedores afectados, quienes fueron emplazados a acreditar que sus servicios fueron debidamente cubiertos.

Cubiertos los requisitos, nada. Y los plazos del oficio 307-A-1892 girado el pasado 29 de junio por Gamboa Lozano con las disposiciones específicas para el cierre presupuestario del 2018 obligaban a las dependencias y entidades a registrar sus compromisos de gasto en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto a más tardar el 15 de agosto. ¿O es que la Secretaría de Gobernación decidió reintegrar los recursos no pagados a decenas de proveedores por servicios contratados en los últimos ocho meses a la Tesorería de la Federación?

Al margen de esta descoordinación administrativa —por el Palacio de Cobián han pasado tres oficiales mayores en los últimos tres trimestres— el trabajo de los equipos de empate coordinados por Alfonso Navarrete Prida, Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo Montaño avanza en un clima de apertura, cooperación y copioso intercambio de información.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿RECLAMO? Cerca de la era de la austeridad republicana y, también, las versiones de que los consejeros electorales se opondrán a la disminución de sus salarios, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, refirió que durante los últimos seis años, el gobierno federal habrá gastado más recursos presupuestales en la propaganda gubernamental que en el financiamiento a los partidos políticos. Y así será, al cierre de la administración peñista, por el gasto de los últimos trimestres, que se expandieron, no obstante las restricciones por la veda electoral.

REACOMODOS. Ya sea en su versión mejorada —lo que muchos llaman un TLC 2.0— con la incorporación Canadá o sólo con México y Estados Unidos, el nuevo acuerdo comercial en ciernes para las naciones de América del Norte obligará a un ajuste en el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Y es que algunos temas torales —el capítulo 20, sin duda, pero también las nuevas disposiciones sobre el ingreso de mercancías en las fronteras— obligarán a elevar el rasero, en la selección de los funcionarios que estarán al frente de la Administración General de Aduanas y la Cofepris, a la que iría el exasambleísta, Xiuh Guillermo Tenorio, quien de ser entusiasta impulsor del impuesto a las bebidas edulcoradas y la prohibición de fumar en los espacios públicos se convertiría en la máxima autoridad en materia de regulación sanitaria. Y para quienes lo duden, allí está el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a la que estaba perfilado Abel Hibert, con el respaldo de Alfonso Romo, pero a la que podría llegar Luis Foncerrada Pascal, con el respaldo de Gerardo Esquivel y Graciela Márquez. Con esos mismos apoyos —y el aval de Cuauhtémoc Cárdenas—, el ex consejero independiente de Pemex, Fluvio Ruiz Alarcón se perfila para la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

EFEMÉRIDES. Ha transcurrido un año del sismo que golpeó las costas de Chiapas y Oaxaca. Los apoyos oficiales llegaron al Istmo de Tehuantepec, tras del censo levantado por los funcionarios federales desplegados en la zona por instrucciones presidenciales. Luego vino la entrega de los recursos para la reconstrucción. Y luego, el escándalo por la clonación de las tarjetas de Bansefi y las sospechas por el desvío de recursos. En aquella región istmeña, las empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de Energía Eólica donaron más de 25,000 despensas, 3.5 toneladas de comida y 190,000 litros de agua que llegaron a las manos de más de 2,400 familias. Además aportaron 5,500 horas de trabajo voluntario para la remoción de escombros, 500 casas de campaña, 4,000 lonas y la instalación de dos centros de acopio y seis cocinas comunitarias.

A pesar los grandes esfuerzos realizados no queda duda que aún falta mucho por hacer.