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Las finanzas públicas suelen convertirse en tema de conversación cuando aparecen recortes presupuestales, aumenta la deuda o surgen nuevos impuestos. Sin embargo, detrás de esos debates existe una realidad que pocas veces ocupa el centro de la discusión: la capacidad del Estado para generar ingresos suficientes que le permitan sostener sus obligaciones sin comprometer el desarrollo económico del país.

En ese contexto, considero que durante años se ha postergado por distintos gobiernos la necesidad de abrir un debate serio sobre una reforma fiscal que fortalezca las finanzas públicas.

Los primeros meses de 2026 muestran señales que respaldan esa preocupación. La Federación ha registrado una disminución en los ingresos provenientes de Petróleos Mexicanos (Pemex), una fuente que durante décadas representó uno de los principales pilares de las finanzas nacionales. A ello se suma una caída en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), indicador estrechamente relacionado con el desempeño de la economía formal y la generación de empleo.

El comportamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ofrece un contraste. Al depender del consumo interno, este gravamen mantiene un crecimiento que ha permitido compensar parcialmente la reducción de otros ingresos. No obstante, el dinamismo del IVA por sí solo difícilmente puede sustituir la pérdida de recursos provenientes del ISR y de la actividad petrolera.

Mientras tanto, las obligaciones del Estado no disminuyen. El gasto destinado al pago de pensiones continúa creciendo como resultado del envejecimiento de la población y de los compromisos adquiridos por distintos regímenes pensionarios. A ello se agregan los programas sociales y el servicio de la deuda pública, rubros que absorben una parte importante del presupuesto federal.

Esta combinación de menores ingresos y mayores compromisos financieros reduce el margen para invertir en infraestructura, obras públicas, innovación, educación o proyectos productivos que impulsen el crecimiento económico. Cada peso destinado a cubrir gastos ineludibles limita la capacidad del Gobierno para financiar nuevas inversiones.

Moreno Sánchez considera que el modelo actual de ingresos presenta claros signos de agotamiento. Su planteamiento no se limita a señalar un problema coyuntural, sino que apunta a la necesidad de revisar la estructura tributaria para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas en los próximos años.

Hablar de una reforma fiscal suele generar resistencia. La experiencia demuestra que el tema suele asociarse inmediatamente con la creación de nuevos impuestos o el incremento de las tasas existentes. Sin embargo, una reforma tributaria también puede incluir medidas para ampliar la base de contribuyentes, combatir la evasión y la informalidad, simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y hacer más eficiente la administración de los recursos públicos.

La discusión también implica analizar el papel que seguirá desempeñando Pemex en las finanzas nacionales. Durante décadas, la empresa productiva del Estado aportó una parte significativa de los ingresos públicos. Hoy enfrenta desafíos financieros y operativos que obligan a replantear el peso que puede mantener dentro del presupuesto federal.

El reto consiste en encontrar un equilibrio que permita fortalecer la recaudación sin afectar la competitividad, la inversión o el consumo. Ninguna reforma fiscal puede evaluarse únicamente por el monto que recauda; también debe medirse por sus efectos sobre la actividad económica, la generación de empleo y la confianza de los contribuyentes.

México ha logrado mantener estabilidad macroeconómica en distintos momentos gracias a una combinación de disciplina fiscal y control del endeudamiento. No obstante, cuando los ingresos muestran menor dinamismo y el gasto continúa creciendo por obligaciones permanentes, resulta razonable abrir una discusión técnica sobre las alternativas disponibles.

La propuesta planteada por Jorge Alberto Moreno Sánchez no representa una conclusión definitiva sobre el rumbo que debe seguir la política tributaria del país. Lo que pone sobre la mesa es la conveniencia de iniciar un debate respaldado por información, análisis económico y visión de largo plazo, antes de que el margen de maniobra de las finanzas públicas continúe reduciéndose. Está columna se publica los lunes, miércoles y viernes.