Lo procedente no es descalificar ni convalidar, sino solicitar acceso a los detalles clave de la acusación para cumplir con el acuerdo binacional de extradición
La solicitud de captura con fines de extradición de Rubén Rocha y nueve de sus funcionarios y ex funcionarios coloca al gobierno mexicano ante una prueba de temple institucional que ha comenzado mal.
No se trata de validar ni descalificar la acusación, sino de responder con la sobriedad que exige un procedimiento de tan sensible naturaleza.
La argucia de que la petición “no trae las pruebas” no alcanza para esquivar la petición.
Es una solicitud de captura, un acto procesal sustentado en determinaciones judiciales previas de un tribunal federal, donde un “gran jurado” consideró que hay elementos suficientes para emitir las órdenes de aprehensión.
Tampoco puede ser una ocurrencia exprés por el caso Chihuahua.
Patalear porque “faltan las pruebas” es desconocer o fingir que se ignora cómo funciona el sistema de justicia estadunidense.
La presidenta Sheinbaum desaprovechó una salida institucional impecable: pudo decir que México, en ejercicio de su soberanía (aquí sí), atenderá la solicitud por los cauces establecidos, y que la Fiscalía General de la República procederá como corresponda, partiendo, claro, de la presunción de inocencia.
Nada de insinuaciones defensivas que apestan a protección de presuntos delincuentes.
La presunción de inocencia fue ignorada por el obradorato cuando el ex secretario federal de Seguridad, Genaro García Luna, fue detenido y procesado en EU, donde bastaron los testimonios (tacos de lengua) de criminales confesos para hallarlo culpable y condenarlo. Y desde que fue capturado (finales de 2019), el oficialismo dio por cierta su culpabilidad y no ha dejado de lincharlo.
En Estados Unidos, conviene saber, se consideran “evidencia” las versiones de testigos protegidos, haya o no soporte documental (el hallazgo de fortunas colosales en bancos o bienes que nadie descubre, por ejemplo).
Pero determinar la validez de las “pruebas” no corresponde al gobierno mexicano y ni siquiera a la Fiscalía General de la República, excepto si se llegara a juicios de procedencia y extradición.
Eso compete solo al tribunal en Nueva York donde fueron presentadas.
Lo procedente no es descalificar ni convalidar, sino solicitar acceso a los detalles clave de la acusación para cumplir con el acuerdo binacional de extradición.
En ese contexto, la insistencia en el episodio de los agentes de la CIA resulta no solo irrelevante sino contraproducente.
Mezclar asuntos distintos —uno en curso judicial y otro insondable porque el secreto murió con el director de la Agencia Estatal de Investigación–– ensombrece la claridad que exige el momento, y más cuando la imprevisibilidad de Trump aconseja prudencia, no bravatas discursivas.
Todo lo demás —incluida la tentación de convertir el caso en alegato político— es ruido que entorpece, no defensa que fortalece.
México no pierde soberanía por atender una solicitud de extradición conforme a derecho; la pierde cuando politiza la justicia o simula no saber las reglas del juego internacional…
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@CarlosMarin_soy
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