Los protagonistas pueden ganar algunos minutos de atención, pero las instituciones pierden seriedad cuando sus representantes actúan de esa manera
La disputa por el fuero de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, volvió a elevar el tono entre legisladores de Morena y el tricolor. Esta vez, el intercambio político terminó en un enfrentamiento físico que estuvo cerca de llegar a los golpes.
El episodio ocurrió afuera del Senado, donde el diputado priísta Eduardo Gutiérrez Mancilla, quien no forma parte de la Comisión Permanente pero es identificado como cercano a Moreno Cárdenas, esperaba al morenista Arturo Ávila, vocero de Morena en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con lo ocurrido y con el material videográfico exhibido posteriormente durante la sesión de la Permanente, Gutiérrez Mancilla comenzó a reclamarle a Ávila y trató de golpearlo. Hubo forcejeos, empujones e insultos mientras otros legisladores intervenían para separarlos.
El morenista lo llamó “porro de Alito” y “su patrón”. El priísta respondió con una larga serie de insultos, entre ellos acusaciones de ser “narco”, “vocero del narco” y “traficante de armas”. También le exigió que tuviera valor para enfrentarlo y posteriormente aseguró que estaba siendo amenazado.
Ávila, entre fotógrafos y camarógrafos, le respondió que solamente estaba haciendo un espectáculo y le advirtió: “yo no soy Noroña”.
El incidente no puede desligarse de la intensa disputa que existe alrededor de Alejandro Moreno. Horas antes, Arturo Ávila y otros legisladores de Morena habían planteado acelerar el procedimiento para reactivar el desafuero del dirigente priísta, solicitado por la Fiscalía de Justicia de Campeche.
Ávila sostuvo que Moreno enfrenta cinco carpetas de investigación por un presunto daño patrimonial de cuando menos 83.5 millones de pesos al erario de Campeche. También mencionó señalamientos relacionados con propiedades cuyo valor podría superar los 500 millones de pesos.
El legislador morenista afirmó además que Moreno se presenta en Estados Unidos como perseguido político para intentar desviar la atención de las acusaciones de corrupción que enfrenta en México y que incluso busca la intervención extranjera en asuntos nacionales.
Del otro lado, el PRI mantiene una postura completamente distinta. El coordinador de los senadores priístas, Manuel Añorve, sostiene que Moreno es un perseguido político y que continuará denunciando en Estados Unidos lo que considera acciones de Morena en contra del PRI. Incluso ha acusado a Morena de ser un “narcopartido”.
El conflicto tampoco es nuevo. Gutiérrez Mancilla ya había protagonizado un episodio violento el 25 de agosto de 2025, cuando participó en la agresión contra el entonces presidente de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña.
El antecedente ayuda a entender por qué el incidente de ayer generó tanta atención. Una cosa es el debate político, incluso el más duro, y otra muy distinta es que las diferencias entre representantes populares terminen en empujones, amenazas o intentos de agresión.
La discusión sobre el desafuero tiene argumentos políticos y jurídicos que deben resolverse mediante las instituciones. Si existen investigaciones, corresponde a las autoridades determinar responsabilidades y, en su caso, llevar los procedimientos hasta sus últimas consecuencias. Si la defensa de Moreno considera que existe persecución política, también tiene los canales legales y políticos para sostener esa posición.
Pero convertir esas diferencias en confrontaciones físicas solamente empobrece el debate.
El problema de fondo es que la política mexicana lleva tiempo acostumbrándose a los gritos, las descalificaciones y los enfrentamientos personales como parte del espectáculo cotidiano. Los protagonistas pueden ganar algunos minutos de atención, pero las instituciones pierden seriedad cuando sus representantes actúan de esa manera.
Esta columna se publica todos los lunes, miércoles y viernes.
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