Es el primer interesado en que el alto costo de una burbuja inflacionaria no afecte el poder de compra de sus clientelas políticas, que pudieran cuestionar la efectividad de sus programas
Hoy queda más claro que nunca que el régimen actual puede tomar cualquier decisión, la que sea, a cualquier costo, sin que les importen las consecuencias, si ésta cumple con los intereses político-electorales del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La promoción de la confianza para atraer inversiones y así generar empleos y crecimiento no es algo que interese al actual régimen. Está claro que hay una subestimación de la importancia del capital privado como generador de desarrollo.
Este gobierno le pone interés a la manera de gastar el dinero, no a la forma como se pueda generar la riqueza.
El eje de la política económica del régimen es que haya recursos fiscales suficientes para mantener a flote los programas asistencialistas del presidente López Obrador, algo que hasta ahora ha sido posible por las reasignaciones presupuestales, el consumo de los recursos reservados para contingencias y por un excepcional ejercicio fiscalizador.
El crecimiento exponencial que tienen los llamados Programas del Bienestar ya choca con la sequía presupuestal de muchos otros programas sociales que han sido sacrificados, con costos humanos altos.
El desmantelamiento institucional que padece México tiene el doble propósito de la concentración del poder en una sola fuente, la presidencial, pero también en la absorción de esos recursos presupuestales que mantienen la infraestructura orgánica de un gobierno.
No estamos lejos de que empiecen las sorpresas deficitarias en las cuentas públicas, donde la presión del gasto de los programas asistencialistas, más las obras de infraestructura emblemáticas de este régimen, empiecen a generar la necesidad de compensar los gastos de alguna manera.
Y en medio de todo esto resulta ingenuo pensar que al propio presidente López Obrador no le complazca que la autoridad monetaria haga todo lo que tenga que hacer para mantener baja la inflación.
Es el primer interesado en que el alto costo de una burbuja inflacionaria no afecte el poder de compra de sus clientelas políticas, que pudieran cuestionar la efectividad de sus programas.
La decisión tomada recientemente por la Junta de Gobierno del Banco de México de redoblar su posición intransigente con las presiones inflacionarias no es contraria a la visión que hoy tiene el Presidente. Así que no hay por ahí ninguna valentía que festejar.
Lo que sí debe de implicar una vigilancia adicional son las presiones en el gasto público que pudieran empezar a aparecer a partir del ejercicio del gasto de este año, que está calculado para tener ingresos con base en un crecimiento del Producto Interno Bruto de más de 4% por ciento.
El límite que en este régimen tienen el manejo de la política monetaria por parte del Banco de México y de la política fiscal en la Secretaría de Hacienda, está en la obsesión presidencial de gastar lo que sea en el modelo asistencialista del Bienestar y de impacto mediático de sus obras faraónicas.
No hay manera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acepte el más pequeño recorte en sus programas asistencialistas, es muy difícil que pudiera considerar un incremento en impuestos con el 2024 acercándose tanto.
El desequilibrio fiscal y el crecimiento de la deuda son conceptos que resultan muy abstractos, incomprensibles, para una mayoría que solo acabaría por enterarse del tamaño del daño financiero al país cuando tenga la crisis sobre la espalda.
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