El riesgo de que Pemex arrastre a las finanzas públicas es real, en un escenario donde el gobierno federal prevé moderados incrementos en sus ingresos
Si México pierde el grado de inversión por parte de las firmas calificadoras, la historia de tolerancia de los capitales a las políticas de la 4T será muy diferente.
México se mantiene como un país emergente de fácil entrada y salida a sus mercados, por la alta operatividad del peso mexicano, que ofrece un muy conveniente rendimiento con respecto a los mercados de Estados Unidos y con un riesgo país que permite estar aquí cuando se abren esas ventanas de explorar rendimientos fuera de los bonos del tesoro estadounidense.
Sin embargo, nadie pierde de vista que hay una innegable descomposición en la forma en que gasta el gobierno federal. Se privilegia el asistencialismo no productivo, la inversión en infraestructura está corrompida por los proyectos de relumbrón del Presidente y el gasto corriente se ha torcido tanto que ha hecho ineficiente a buena parte de la estructura burocrática federal.
Del lado del ingreso, se agotan las fuentes extraordinarias de recursos, como la manita de puerco a las empresas deudoras del fisco, no hay visos de una reforma fiscal que amplíe la base de contribuyentes y ciertamente se ha elevado el endeudamiento.
Con todo, la Secretaría de Hacienda podría tener margen para heredar a la siguiente administración unas finanzas públicas no robustas, pero que pudieran dar cierto margen para emprender las correcciones necesarias sin una crisis.
Sin embargo, ahí están algunos focos rojos que hoy amenazan la estabilidad financiera del país.
La desconfianza en el país por las previsibles prácticas antidemocráticas que prepara el régimen desde el Congreso es una amenaza que hoy es real.
Y también ahí está presente la posibilidad de que las malas decisiones que se han tomado en torno a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad acaben por arrastrar a todo el país.
Pemex debió haber reenfocado sus baterías hacia su negocio central de explorar y explotar yacimientos petroleros, en asociación con las empresas privadas y no aventurarse en negocios tan malos como construir, con recursos que no tiene, una refinería en los pantanos de Tabasco.
La enorme deuda que tiene Petróleos Mexicanos, de más de 104,000 millones de dólares, le implicará tener que pagar durante el próximo año alrededor de 8,000 millones de dólares, casi 160,000 millones de pesos, de los cuales la mitad tendrán que ser financiados con recursos del gobierno federal.
Los vencimientos previstos para el 2024 son todavía superiores y esta empresa está lejos de cumplir con sus metas de crecimiento de producción de hidrocarburos, así que dependerá de las finanzas públicas para subsistir.
Así, el riesgo de que Pemex arrastre a las finanzas públicas es real, en un escenario donde el gobierno federal prevé moderados incrementos en sus ingresos.
Mientras que la CFE, que había sido reconfigurada para ser una empresa rentable, regresó a los viejos vicios laborales del pasado y a ser una empresa monopólica ineficiente que también es un cuello de botella financiero para el gobierno.
¿Qué calificación puede tener un país que destruye sus instituciones democráticas con fines claramente autoritarios y que además permite que la empresa petrolera más endeudada del mundo dependa de los recursos públicos para evitar un eventual incumplimiento del servicio de su deuda?
El riesgo de que Pemex arrastre a las finanzas públicas es real, en un escenario donde el gobierno federal prevé moderados incrementos en sus ingresos.
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