Los aumentos del 2019 y el 2020 no fueron negociaciones sencillas, pero se lograron por consenso con incrementos de 16 y 20%, respectivamente
Las negociaciones del incremento de los salarios mínimos se dan en una mesa donde están representadas tres partes, los patrones, los obreros y el gobierno.
Evidentemente que los gobiernos anteriores habían influido en las negociaciones, pero siempre se había buscado el consenso.
En este régimen eso se acabó en la negociación de diciembre del 2020. Con la economía detenida por la pandemia de Covid-19, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador marginó a los representantes empresariales y se alió con el sector obrero para aprobar un aumento de 15% a los salarios mínimos, tanto el general, como el de la frontera norte y los profesionales.
La fijación del régimen es cerrar el sexenio con el mayor incremento a los mínimos en la historia, aunque para ello tenga que pasar sobre aquellos que son los encargados de pagar esos ingresos.
Es absolutamente cierto que las negociaciones de los mínimos estaban subordinadas al control inflacionario. Y ahora que eso se acabó habría que ver si estos incrementos no han tenido alguna influencia en que sean los subíndices de la inflación de los alimentos los que más han subido en estos tiempos de mayor inflación.
Lo que no está a discusión es que se trataba de un asunto de justicia para esos trabajadores que reciben ingresos mínimos.
No se puede perder de vista que el punto de partida para que los aumentos a los mínimos superen la inflación fue la Nueva Cultura Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que antes del ascenso de López Obrador al poder ya negociaba al interior del sector empresarial una postura de incrementos más allá de los niveles inflacionarios.
Los aumentos del 2019 y el 2020 no fueron negociaciones sencillas, pero se lograron por consenso con incrementos de 16 y 20%, respectivamente. Pero la imposición del aumento de 15% para el 2021 fue una muy mala señal.
La negociación del incremento de 22% para el salario mínimo vigente para este año recobró la unanimidad de las tres partes negociadoras, pero no dejó de lado la posibilidad de efectos colaterales en la inflación y en las negociaciones contractuales.
Está en marcha, y en su fase final, la negociación del incremento a los mínimos para el 2023 y, otra vez, el gobierno federal quiere sacar ventaja para cumplir con su obsesión de ser el sexenio de los mayores incrementos, sin considerar cualquier otro costo paralelo.
López Obrador en su mitin partidista del domingo dijo que “desea” un incremento al salario mínimo de 20% para el 2023. Ese deseo es una orden para la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que pone sobre la mesa negociadora la instrucción lanzada desde la plaza pública.
El sector empresarial lo escuchó de primera mano, porque ahí estaban en la marcha y en el discurso del Zócalo, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, aplaudiendo y recibiendo la indicación.
La representación empresarial tiene sobre la mesa un ofrecimiento de 15% de incremento, mientras que el sector obrero quiere 25% de aumento.
Así que vamos a ver qué pasa ahora que ya llegó el deseo presidencial de lo que quiere que sea el resultado final.
Los aumentos del 2019 y el 2020 no fueron negociaciones sencillas, pero se lograron por consenso con incrementos de 16 y 20%, respectivamente.
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