¿Por qué se oculta la identidad de la persona que entregó los pantallazos y no se da la explicación de cómo se obtuvo la información que desde luego y en su caso provendría de intervenciones ilícitas, carentes de valor probatorio en tribunales?
Hace dos viernes (30 de septiembre), Alejandro Encinas, publicó un artículo con este arranque: “Como era predecible, la avalancha de los testaferros de la mal llamada verdad histórica se ha confabulado pretendiendo descalificar y mal informar sobre el informe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. Reacción que da cuenta de los vestigios del Estado del viejo régimen. El mismo que cometió este crimen…”.
Impensable que una “avalancha” (de nieve o gente) se confabule para criticar lo que dicta el sentido común, pero conviene tener en cuenta las temerarias palabras del funcionario para digerir este dato medular: Según quien dio a conocer sin testar contenidos literales de los chateos telefónicos aludidos en el Informe Encinas, la periodista Peniley Ramírez, horas después de que el subsecretario hablara de los desconfiables pantallazos (de los que se mantiene en secreto su origen digital y físico) como soporte clave de la pretendida verdad alterna, cuya única diferencia con la histórica es la calumniosa acusación contra elementos del Ejército, la persona que le entregó los mensajes rindió su declaración de ley ante el todavía fiscal especial Omar Gómez Trejo.
El hecho de que sin el análisis pericial del Ministerio Público Encinas tomara esos textos como “evidencia” es otra poderosa razón para poner en duda la legitimidad y veracidad de lo que Encinas dice que dicen esos pantallazos, lo cual se suma a los múltiples cuestionamientos que se siguen haciendo a su informe.
Lo anterior significa que tales “mensajes” no son producto de alguna eficiente investigación técnica y científica sobre los 800 millones de comunicaciones telefónicas (número equivocado que aparece en el Informe 2020) ni a los 80 millones que corrigió y presumió el informe Encinas a mediados de agosto.
¿Por qué se oculta la identidad de la persona que entregó los pantallazos y no se da la explicación de cómo se obtuvo la información que desde luego y en su caso provendría de intervenciones ilícitas, carentes de valor probatorio en tribunales?
Entre las mentiras que la falsaria comisión para la Verdad… y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso pretenden imponer sobre la desaparición y asesinato de los 43 normalistas, rechinan las que conducen a una demencial conspiración interinstitucional, con el Ejército al centro como cómplice y coautor del crimen.
Una confabulación ilógica en que habrían participado las extintas Policía Federal y Procuraduría General de la República. Consecuencia de tal patraña es el encarcelamiento de cuatro de los aproximadamente 70 efectivos militares que aquella noche de hace ocho años estaban en el 27 Batallón de Infantería de Iguala: el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita y el sargento Eduardo Mota Esquivel. Todos ellos acusados por delincuencia organizada pero los tres últimos también por desaparición forzada.
Mañana, las responsabilidades comprobadas del Ejército.
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