Minuto a Minuto

Internacional Un juez de EE.UU. bloquea los arrestos de ICE en tribunales de inmigración de Nueva York
El juez Kevin Castel emitió la orden en el distrito sur de Nueva York, al considerar inválida la política federal para justificar los arrestos
Nacional Semarnat dice que en México existen mil 114 sitios contaminados
La Semarnat apuntó que la mayoría de los sitios están contaminados con hidrocarburos, metales y otros residuos peligrosos
Internacional Maru Campos nombra a Javier Sánchez Herrera al frente del despacho de Operaciones Estratégicas
Sánchez Herrera asumió el cargo en medio de la polémica por la presencia de agentes de EE.UU. en un operativo en Chihuahua
Internacional Muere un trabajador durante un accidente en la planta de SpaceX en Texas
Las autoridades locales aún no han identificado a la víctima ni han aportado más detalles sobre el accidente, que tuvo lugar en Starbase
Nacional Puente por el Día del Maestro deja una derrama de 639 mdp en Mazatlán
El puente por el Día del Maestro dejó una derrama económica superior a los 639 millones de pesos en el puerto de Mazatlán, Sinaloa

“Ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México”, ha dicho la presidenta Sheinbaum.

Demasiado decir.

Sus palabras se refieren a la jueza Nancy Juárez, quien ordenó la semana pasada que fuera eliminado del Diario Oficial de la Federación el decreto que contiene la reforma al Poder Judicial, reforma que se ha vuelto el punto álgido de la transición política de México hacia un cambio de régimen constitucional.

La jueza no se privó de poner un retintín a su mandato, recordando que la pena por incumplimiento podía ser de tres a nueve años de prisión o la destitución del cargo.

La Presidenta y sus expertos determinaron que la jueza no tenía facultades para emitir ese mandato. Podían haber tomado el camino de la ley, impugnar el recurso de la jueza y seguir el curso del litigio.

No sabemos si lo hicieron, si tomaron el camino de la lógica legal que les permitirá ganar tiempo y eventualmente validar su punto de vista.

Lo que vimos es que la Presidenta en persona tomó el camino de la confrontación política. Se negó de frente y en público a acatar el mandato judicial que tenía enfrente y amenazó a la jueza con un juicio político que conduciría a su cese y a su inhabilitación como jueza.

De llevarse a cabo, el juicio político tendría lugar en el Congreso, donde la Presidenta tiene mayoría para imponer su castigo.

El desacato presidencial al mandato de la jueza corre parejas en el tiempo con la iniciativa de la Suprema Corte de dar entrada a la posibilidad de revisar la constitucionalidad de la reforma judicial.

Se sabe que la oposición a la reforma tiene mayoría de ocho ministros en la Corte, suficientes para declarar su inconstitucional .

Anticipándose a esa posibilidad, la Presidenta añadió a su desacato a la jueza el desacato a una posible revisión adversa de la Corte.

Y así llegó a la formulación final de desacato urbi et orbi con que empieza esta columna:

“Ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México”. Demasiado decir.

Son palabras que siguen la lógica de la fuerza política , no la lógica de la ley.