Se trata de un diseño que conlleva la virtual destrucción del INE y la deseable desaparición de las rémoras del oficialismo, que ojalá impidan que la iniciativa prospere
En el Instituto Nacional Electoral (INE) siguen su curso, con puntualidad burocrática y desgaste descomunal, como 300 propuestas de reforma político-electoral.
Consejeros, partidos y especialistas discuten ajustes, afinan detalles, y revisan modelos de financiamiento y representación, pero de poco servirá el esfuerzo, porque Morena se propone palomear lo que sugiera la comisión presidencial que encabeza Pablo Gómez.
Se trata de un diseño que conlleva la virtual destrucción del INE y la deseable desaparición de las rémoras del oficialismo, que ojalá impidan que la iniciativa prospere.
El Partido del Trabajo, que debió perder el registro por su raquítica votación, sobrevive por el apuntalamiento que le da Morena, y en el Verde, en desacuerdo con la reducción o eliminación de los cargos plurinominales y la prohibición del nepotismo, el gobernador de San Luis Potosí busca que su esposa lo suceda en el cargo.
La reforma que impulsa la 4T es, como expuse aquí el lunes, el mayor peligro que los mexicanos enfrentaremos este año, tanto por la ambición de controlar al árbitro electoral como porque se busca adelantar un año la consulta de revocación de mandato que, como con AMLO, será más bien de ratificación, empalmándola con las elecciones de 2027.
Pero el verdadero propósito no es consultar algo, sino volver a cargar el ambiente electoral a favor del obradorato, al tiempo que se elegirán más de 300 diputaciones locales, 500 federales, 17 gubernaturas, más de mil 300 alcaldías y un número superior de aspirantes a cargos en los cabildos municipales.
A ello se suma la elección de aproximadamente tres mil 800 jueces y magistrados federales y locales (la mitad de los que dejó pendientes la destructiva reforma judicial) y los centros de votación no pueden ser los mismos de las elecciones políticas.
Jornada sumamente complicada, mañosa y tumultuosa por el adefesio que, por conducto del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, el régimen quiere adelantar con la revocación, contemplada en la Constitución para 2028.
Éramos muchos y parió la abuela: sobrados componentes para que ocurra un cochinero colosal, sobre todo si se consolida la idea de repetir el excrementicio reparto de acordeones.
En la reforma presidencial se quiere que, al igual que los juzgadores, a los consejeros electorales los elija “el pueblo” (azuzado, claro, con el condicionamiento de los programas sociales).
Y es que lo único verdaderamente “popular” en esa reforma es la manipulación de pobres que dependen de dádivas.
Para colmo, venden la idea de que todo este desmadre resultará barato.
Debata el INE 300 o tres mil iniciativas, nada cambiará mientras avanza la conspiración para matar al árbitro electoral, reducir o eliminar las representaciones proporcionales, premiar el clientelismo y embrollar al país con otra estulta consulta de revocación.
A estas alturas, lo más indignante no es el abusivo proyecto, sino que se presente como “democratizador”.
Si eso es democracia, ¿dónde quedó la República…?
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