Lo exige porque “la utilización del poder penal como herramienta de intimidación vulnera la independencia judicial y mina la confianza en el estado de derecho”
La comunidad internacional sigue de cerca las acciones de las autoridades mexicanas para evaluar su compromiso con la legalidad, el respeto a las instituciones, la protección de la independencia judicial y el estado de derecho.
Este lunes 10 de marzo, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York expresó su “profunda preocupación” por las investigaciones penales iniciadas por la Fiscalía General de la República contra los jueces federales de Michoacán y Jalisco que otorgaron suspensiones contra la implementación de la reforma judicial.
Tales acciones “representan una amenaza directa a la independencia judicial y agravan una preocupante tendencia en la relación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Además, la criminalización de jueces contradice los estándares internacionales sobre independencia judicial”, dice el Colegio (fundado en 1870, aglutina poco más de 23 mil miembros).
“La posibilidad de que los jueces puedan ser investigados y sancionados por emitir resoluciones en el ejercicio de sus funciones socava principios fundamentales del debido proceso y viola los estándares internacionales de independencia judicial”, advierte.
Ante la grave amenaza que suponen las investigaciones penales contra los jueces Sergio Santamaría Chamú y María Gabriela Ruiz Márquez, hace un “llamado urgente al gobierno mexicano, a la FGR y al Consejo de la Judicatura Federal para que cesen de inmediato cualquier forma de criminalización o represalia contra jueces que han desempeñado sus funciones en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales”.
Lo exige porque “la utilización del poder penal como herramienta de intimidación vulnera la independencia judicial y mina la confianza en el estado de derecho”.
Demanda:
–Respeto pleno a la autonomía del Poder Judicial para que los jueces puedan ejercer sin presiones externas, conforme a la Constitución mexicana y los tratados internacionales ratificados por México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
–Garantías de protección para los jueces afectados, en particular medidas de seguridad para preservar su integridad física y moral.
–Cumplimiento de las recomendaciones establecidas por la relatora especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
–Garantizar una supervisión cercana por parte de mecanismos internacionales. Las autoridades mexicanas no deben impedir ni interferir con la observación de los mecanismos y órganos internacionales de derechos humanos.
“Hacemos un llamado respetuoso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados para que permanezcan atentos ante cualquier intento de criminalización de jueces u otros operadores de justicia que pueda poner en peligro la independencia judicial en México…”.
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