La resolución envía un mensaje incómodo para la vieja cultura política: los recursos legales pueden estirar el tiempo, pero no siempre borran la responsabilidad
La carrera política de Elba Esther Gordillo no nació del disenso ni de la rebeldía sindical, sino de la sumisión estratégica. Sus primeros años estuvieron marcados por la exaltación casi ritual de su jefe, Carlos Jonguitud Barrios, entonces líder de Vanguardia Revolucionaria del Magisterio. Gordillo no solo lo respaldó: lo aplaudió, lo justificó y lo defendió mientras el poder estuvo de su lado. Cuando el ciclo se agotó, cambió de lealtad sin cambiar de métodos. Así comenzó una trayectoria edificada más en la disciplina del control que en la convicción democrática.
La política mexicana puede ser indulgente con sus propios excesos, pero la fiscal es menos sentimental y mucho más persistente. Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró un expediente que se arrastró por casi veinte años: Gordillo deberá pagar 19 millones 269 mil 323 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.
El máximo tribunal declaró infundado el amparo directo en revisión promovido por la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación contra la determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con ello, confirmó la validez del crédito fiscal y puso fin a una larga ruta judicial que atravesó instancias administrativas, juzgados de amparo y, finalmente, el pleno de la Corte.
El proyecto, presentado por la ministra Lenia Batres, sostuvo un criterio contundente: los depósitos bancarios, pagos de tarjetas de crédito y servicios asociados pueden considerarse ingresos acumulables cuando el contribuyente no demuestra un origen lícito distinto. Traducido sin tecnicismos: quien gasta, debe explicar de dónde salió el dinero.
Más allá del monto —una cifra que para millones de mexicanos sería inalcanzable incluso en varias vidas laborales— el fallo tiene un valor simbólico ineludible. Gordillo encarnó durante décadas una forma de ejercer el poder sindical basada en la opacidad, la intimidación y la negociación política permanente. Hoy, su nombre ya no aparece en la disputa educativa ni en la agenda gremial, sino en un expediente fiscal.
La resolución envía un mensaje incómodo para la vieja cultura política: los recursos legales pueden estirar el tiempo, pero no siempre borran la responsabilidad. La Corte no juzgó su influencia, ni su pasado de alianzas, ni su capacidad para sobrevivir a todos los gobiernos. Juzgó algo más simple y más devastador: números, depósitos y omisiones.
En una narrativa pública que suele confundir rendición de cuentas con persecución, el caso recuerda una verdad básica: el cumplimiento tributario no distingue entre liderazgos históricos y ciudadanos comunes. El poder se desgasta, los pactos se rompen, pero las deudas fiscales
-cuando están bien sustentadas- no prescriben en la memoria del Estado.
Casi veinte años después, la factura quedó firme.
Y esta vez, no hubo sindicato, ni operador político, ni discurso que la cancelara.
PEGA Y CORRE: El asesinato de Edgar Luis García Espinoza, inspector de Comercio, ocurrido a plena luz del día en el centro de Poza Rica, no es solo un hecho violento más: es una escena que expone la fragilidad de la autoridad municipal frente a la violencia. Un servidor público fue ejecutado mientras realizaba tareas rutinarias, en una zona acordonada por una jornada de limpieza. El mensaje es brutal: ni el horario, ni el lugar, ni la función pública ofrecieron protección.
La presencia posterior de fuerzas federales y estatales —Marina y seguridad pública— llega, como casi siempre, después del estruendo. El debate no debería centrarse únicamente en el crimen, sino en lo que revela: la normalización de la violencia como método para imponer control y la incapacidad institucional para prevenirla. Está habría sido una posición del exalcalde Fernando Remes Garza que habría dejado heredada. Cuando matar a un funcionario se vuelve posible en el corazón de la ciudad, el problema ya no es solo de seguridad, sino de política.
Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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