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Antes del comienzo de las vacaciones veraniegas, en el entorno de Elba Esther Gordillo Morales ya esperaban su exoneración plena. Pero nada de lo que el abogado Marco Antonio del Toro había proyectado —el desvanecimiento de las pruebas, los desistimientos de la autoridad fiscal— ocurría. Todo lo contrario: por mandato judicial, el SNTE recuperó el acervo pictográfico atesorado durante tres lustros por la maestra.

Los originales de las obras nunca fueron mostrados por Juan Díaz de la Torre y sus abogados. En su lugar fueron exhibidas burdas réplicas. Lo peor, con las obras “recuperadas” ya no había delito que atribuir a la expresidenta vitalicia del magisterio. La presunta defraudación fiscal ya se había desvanecido. Las operaciones con recursos de procedencia ilícita quedaron simplemente en las entelequias del equipo jurídico encabezado por los mexiquenses Alfredo Castillo y Alberto Bazbaz.

La contraofensiva elbista comenzó el pasado 27 de julio, cuando el equipo jurídico de Gordillo Morales presentó un recurso de revisión de sentencia, ante el Octavo Tribunal Colegiado en materia penal, del primer circuito. Desde noviembre del año pasado, Gordillo Morales había solicitado nuevamente la protección de la justicia federal —desde su encarcelamiento, en febrero del 2013, presentó una treintena de amparos— por la negligente administración de la justicia que atribuyó al fiscal superior de la Unidad Especializada en Delitos contra el Ambiente y previstos en leyes especiales, en la integración de la indagatoria en su contra.

En el camino, el juez Alejandro Caballero Vértiz —quien admitió las pruebas presentadas por la PGR contra Gordillo Morales y la consignó al reclusorio sur— había fallecido. El beneficio de la prisión domiciliaria le fue conseguido, luego de múltiples quejas e inconformidades y, no obstante, el abogado Del Toro ya había acudido a la CIDH para denunciar los daños que de manera irreparable había provocado a su defendida la persecución del gobierno peñista.

La revisión penal 103/2018 quedó en la ponencia del magistrado Carlos Enrique Rueda Dávila, quien decidió regresar el caso al juzgado 12° de lo penal, porque todavía no era materia del Colegiado. Pero la denegación de la justicia, el retardo indebido de la PGR en la integración de la carpeta de investigación de la causa penal 11/2013 ya se había exhibido.

Apenas el pasado lunes 6, en el Quinto Tribunal Colegiado, había sido admitido el recurso de revisión interpuesto por Gordillo Morales contra la negativa del último amparo promovido por la quejosa, como consta en el expediente 111/2018. Su necedad por quedar absuelta de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público y su insistencia en que era una presa política del peñismo eran el correlato del uso discrecional del aparato judicial, padecido por muchos enemigos del poder.

La victoria electoral de AMLO dio nuevos bríos al equipo jurídico de Gordillo Morales.

En el terreno político, la Redes Sociales Magisteriales (RSM) contribuyeron a la promoción y defensa del voto de Andrés Manuel López Obrador en las pasadas campañas. El trabajo de René Fujiwara —nieto de Gordillo Morales— en estas estructuras era la evidencia más clara del involucramiento del elbismo con Morena.

El ejército electoral del magisterio trajo votos y ayudó a cuidar casillas, en una operación inversamente proporcional al debilitamiento de Nueva Alianza, el partido político de corte liberal que perderá su registro. Los elbistas habían sido expulsados del partido turquesa por el actual dirigente, Luis Castro Obregón, y al tiempo de las RSM se incorporaron a las tareas proselitistas del PT y Encuentro Social. De hecho, un bloque de cuadros de ese partido acudiría al llamado de Gordillo Morales, si decidiera irse por la construcción de una nueva formación política.

De los elbistas tampoco había rastros en la directiva del SNTE. Hace seis meses, en un Congreso extraordinario sobre cuya legitimidad todavía hay polémica, Juan Díaz de la Torre impulsó una reforma estatutaria para erigirse como nuevo presidente de la organización magisterial.

Apenas hace unas semanas, el secretario ejecutivo del SNTE, Alfonso Cepeda, buscó un acercamiento con Gordillo Morales para ofrecer —de acuerdo con dirigentes sindicales enterados de los acercamientos— una “renovación profunda” de las estructuras magisteriales, que ocurriría en un Congreso extraordinario, a más tardar dentro de tres meses.

¿Acuerdo o imposición? Dentro del SNTE, desde el año pasado, se vino gestando una masa crítica que propone la recuperación de la línea política sindical, “extraviada desde la imposición de la reforma educativa”. Los exsecretarios generales Rafael Ochoa y Tomás Vázquez Vigil están entre sus principales impulsores, pero también otros elbistas de primera línea, como Ricardo Aguilar Gordillo, Sanjuana Martínez Cerda, Evelia Sandoval, Moisés Jiménez…

En ciernes, la contrarreforma educativa prometida por AMLO durante su campaña. La recuperación del SNTE es una primera y obligada parada. ¿Y la sustitución de Nueva Alianza? Por lo pronto, el nieto de Gordillo Morales alista el lanzamiento de una ONG que sería la cimiente de la nueva formación política, dentro de tres años.

EFECTOS SECUNDARIOS

DETALLAZO. Recién declarado presidente electo, Andrés Manuel López Obrador acudió al salón de plenos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La sesión solemne, presidida por la magistrada Janine Otálora, había sido precedida por la calificación de la elección presidencial. AMLO usó la tribuna durante 15 minutos para ofrecer un mensaje claro y contundente. Ya se iba, cuando requirió a la magistrada presidenta su constancia. “Ya-se-la-llevaron”, le respondió Otálora. ¿Quién? ¿Cómo? El desconcierto duró apenas un instante, hasta que un asistente del Tribunal regresó con el valiosísimo documento, que lleva estampadas las rúbricas de los siete magistrados.