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LIC. MARU CAMPOS,
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL,
ESTADO DE CHIHUAHUA:

Hasta ahora no hemos visto más que el primer capítulo de la saga de la cual usted es protagonista tan central como involuntaria; todo indica que se pondrá bastante intensa.

Como medida para atemperar la crisis suscitada por la presencia -y fallecimiento- de dos agentes de la CIA en el operativo antidrogas del día 16 de abril, el fiscal estatal César Jáuregui dimitió de su cargo. “Hubo omisiones, tanto en la información como en la gestión institucional, respecto de los puntos de contacto con dichas personas (los agentes de la CIA)”, expuso el fiscal en su renuncia. “Esta omisión vulneró los mecanismos de control y comunicación que, como titular de la FGE, tenía la obligación de asegurar en su funcionamiento eficaz”.

La cabeza de Jáuregui y su argumento de que no sabía de la presencia de los agentes y, por ende, tampoco usted, doña Maru, no son suficientes. Como tampoco está resultando suficiente la comisión estatal a cargo de la investigación de los hechos, cuando informa que el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera, era el único que tenía contacto con los agentes, en “una posible colaboración de carácter extraoficial, cuya naturaleza deberá determinarse con mayor precisión en las siguientes etapas de la investigación”.

Con la pena, señora gobernadora, que las siguientes etapas de investigación están cayendo en el ámbito de la Fiscalía General de la República. Por un lado, la Fiscalía Estatal de Chihuahua tiene la obligación de informar a la FGR de la destrucción de los narcolaboratorios, pues es materia federal, y ya abrió una carpeta de investigación sobre el particular. Por el otro, con la presencia de los agentes en el operativo, la FGR se abrió una segunda carpeta por violaciones a la Ley de Seguridad Nacional. Y aquí es donde el panorama se pone negro para usted.

Aun cuando el fiscal estatal y la comisión aseguren que usted ignoraba la presencia de los agentes, cuya “participación se mantuvo limitada, reservada y sin interacción operativa directa con el desmantelamiento de los laboratorios”, esto no la exonera. Su ignorancia, doña Maru, la deja muy mal parada; y culpar Oseguera, aunque sea real, suena muy conveniente y poco creíble.

Y todo indica que usted hizo enojar mucho a la mandataria del país, porque no le dejó espacio de maniobra. “Realmente no se requerirían tantas unidades de investigación,” dijo la doctora Sheinbaum en la mañanera del lunes. “O fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el secretario de Seguridad. (…) Tiene que seguir la investigación, no para con una renuncia.”
Contra lo que yo manifesté en la columna del lunes, me temo que no ha librado el juicio político. Lo que necesita la Cámara de Diputados para iniciar el proceso es una denuncia, de quien sea, y si es de la FGR pues qué mejor.

El procedimiento es bastante engorroso. El primer paso sería que la FGR integrara la carpeta con pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para presumir una falta grave en el ejercicio de sus funciones. Los documentos serían analizados por las Comisiones Unida de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, para luego pasarlos a la Subcomisión de Examen Previo.
Lo que dictamine esta Subcomisión se remitirá a las Comisiones Unidas para que formulen una resolución -si hay o no elementos suficientes-, la cual deberá entregarse a la Sección Instructora. Esta última abrirá un período de presentación de pruebas, tanto del denunciante (la FGR en este caso) como el denunciado (usted, señora gobernadora). No me quiero extender más en este laberinto, baste decir que luego viene una audiencia y finalmente la Cámara de Diputados le quitaría el fuero y pasaría a ser la parte acusadora, para que el Senado se erija como Jurado de Sentencia.

Entre una y otra cosa pasarán varias semanas, pero mientras tanto, el tema estaría en la agenda político-mediática, y estando tan adelantados los tiempos electorales… Al interior del país, su caso será de gran utilidad propagandística para que MORENA denueste los gobiernos panistas, por poco capaces y por violar la Constitución. En el exterior, el caso es una piedra en el zapato para las relaciones bilaterales, ya complicadas de por sí; como usted sabe, la presidenta Sheinbaum mandó una nota de extrañamiento a la Casa Blanca por la presencia de los agentes sin el conocimiento y autorización del gobierno federal.

No sería usted la primera en ser defenestrada; durante el sexenio de Enrique Peña Nieto al menos 12 gobernadores fueron procesados, aunque por causa distinta: corrupción. Y vale recordar que entre los morenistas hay por lo menos dos impresentables que debieron procesados: Rubén Rocha Moya y Cuauhtémoc Blanco. Pero como todos sabemos, el hilo se rompe por lo más delgado.

Con la colaboración de Upa Ruiz
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