No se encarcela por opinar, es cierto. Pero se puede asfixiar o erosionar la credibilidad, y para el periodismo eso también pesa
El sol no se puede tapar con un dedo, menos con un comunicado. Lo digo porque la comunicación política de la Cuarta Transformación ha pasado de la narrativa épica al laberinto de la contradicción.
Cada vez funciona menos la estrategia de negar, minimizar y victimizarse. Lo que antes era un aparato aceitado para imponer agenda, hoy tropieza con sus propios cables, intentando negar realidades que, literalmente, se asoman por la ventana.
El episodio de la mujer que tomaba el sol en un balcón de Palacio Nacional, captada el 18 de marzo de 2026 durante el plantón magisterial en el Zócalo, es más que una anécdota: es una metáfora. La primera reacción oficial fue la negación automática. La cuenta de Infodemia lo calificó como falso, sugiriendo un montaje o inteligencia artificial. Días después, la propia presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que reconocer el hecho y confirmar la sanción a la funcionaria involucrada —Florencia Franco Fernández, de la SHCP—. Incluso matizó que no existía un reglamento que lo prohibiera. Y quizá ese fue otro error. Porque el problema no es el balcón. Es el reflejo institucional de negar lo evidente. Si se niega lo trivial que ocurre a plena vista, ¿qué cabe esperar de lo que no vemos?
No se trata solo de balcones soleados. La misma lógica se repite en las aguas del Golfo de México. Mientras imágenes satelitales y más de quince organizaciones ambientalistas —Greenpeace, CEMDA, CartoCrítica, entre otras— documentaron un derrame de hidrocarburos que contaminó kilómetros de costa, el discurso oficial optó por minimizar, retrasar o diluir el problema en explicaciones técnicas.
Negar o enredar un desastre ambiental no es un error de comunicación. Es una falla de responsabilidad pública.
Esta resistencia a la realidad ha escalado incluso al plano internacional. Ahí está el reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que advierte indicios de crímenes de lesa humanidad en México. La respuesta presidencial, este 6 de abril, siguió el mismo patrón: descalificar al mensajero para evitar el mensaje. Reducir una tragedia humanitaria a una diferencia de criterios es un atajo retórico que evade el fondo: las deudas en seguridad y búsqueda siguen abiertas.
El problema de fondo no es solo la dificultad para reconocer la verdad. Es la disposición a incomodar —o castigar— a quien la busca. La libertad de expresión enfrenta una doble pinza: por un lado, el uso administrativo del SAT y la cancelación del estatus de donatarias a organizaciones críticas; por el otro, la costumbre de señalar a periodistas desde la tribuna oficial, no para ejercer réplica, sino para exhibirlos ante audiencias que no siempre distinguen entre crítica y consigna.
No se encarcela por opinar, es cierto. Pero se puede asfixiar o erosionar la credibilidad, y para el periodismo eso también pesa.
La 4T parece olvidar que comunicar no es lo mismo que persuadir. Gobernar implica rendir cuentas, incluso cuando incomodan, incluso cuando exhiben errores, incluso cuando una funcionaria decide tomar el sol donde no debe.
Porque al final, no se trata de balcones ni de comunicados. Se trata de un gobierno que, frente a la evidencia, prefiere administrar la narrativa antes que asumir la realidad. Y cuando la verdad se vuelve incómoda para el poder, deja de ser principio… y empieza a convertirse en estorbo.
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