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Con esta cabeza, más que oportunamente, el diario español El País llamó la atención este fin de semana sobre el escandaloso silencio político y diplomático que impera en los gobiernos latinoamericanos en torno a la escalada de estupidez económica y represión  política que está destruyendo Venezuela.

Paso a paso, el desesperado y catastrófico gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro impone a sus opositores políticos una dureza represiva que suspende de facto las garantías civiles y los derechos humanos, al tiempo que traslada a todo su pueblo el dramático costo de un manejo económico que sería para una novela de esperpento si no fuera la tragedia cotidiana de millones de personas.

La última audacia represiva del presidente Maduro ha sido la detención, sin orden judicial ni debido proceso, nada menos que del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, bajo los cargos de conspiración y asociación delictuosa.

El presidente Maduro ha visto en la firma de este documento, uno de cuyos puntos centrales es respetar los “cauces de la paz y la constitucionalidad”, un nuevo intento de los opositores de derrocar a su gobierno, como parte de una conspiración más extensa que según él se fragua contra Venezuela desde el exterior, en el eje Washington-Miami-Bogotá.

La construcción de un acechante enemigo externo es una pieza clave para legitimar la represión interna. Esto lo sabe bien el régimen cubano, más que probable inspirador y guía, si no ejecutor, del diseño represivo que avanza en Venezuela.

Avanza, sí, ante el silencio de los gobiernos de la región, a quienes guía el respeto a la política interna de los demás, la cual incluye el cálculo de un inconfesado quid pro quo: “Yo no me meto en los crímenes de nadie, que nadie se meta en los míos”.

 

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