Ninguno de los presuntos martirizados durante el gobierno peñanietista le había hecho a Zerón imputación alguna, pero contra él pesa la insidia persecutoria y rencorosa de los representantes de los deudos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
Al celebrar las detenciones de dos probables torturadores de detenidos por el caso Iguala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comete un par de pifias de eventuales consecuencias administrativas y/o penales porque aplaude también la orden de captura del ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, y corrobora el desconocimiento que tiene sobre los trabajos que el propio organismo ha realizado.
Ninguno de los presuntos martirizados durante el gobierno peñanietista le había hecho a Zerón imputación alguna, pero contra él pesa la insidia persecutoria y rencorosa de los representantes de los deudos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes por ser quien llevó a cabo la diligencia policiaca determinante de la aborrecida “verdad histórica”, con la corroboración científica de que al menos dos de los cuerpos de los 43 normalistas desaparecidos (identificados en la Universidad de Innsbruck) fueron quemados, hasta su carbonización, en el basurero de Cocula.
Para la degradada institución, las nuevas aprehensiones avivan “la posibilidad de esclarecer los hechos del 26 de septiembre de 2014. De acuerdo con reportes de prensa sobre las detenciones, uno de ellos actualmente se desempeñaba como subdirector de Control Operativo de la Dirección de Seguridad de la Cámara de Diputados, un segundo aprehendido fungía como director de Área en la Agencia de Investigación Criminal y una aprehensión más de un elemento de la Marina Armada. Asimismo, se conoció de la orden de aprehensión que giró un juez federal contra el ex director de la AIC y del ex director operativo de la Policía Ministerial, acciones que se esperaría sean ejecutadas en el menor tiempo posible”.
En su boletín, la titular del organismo, Rosario Piedra Ibarra, recuerda que ordenó la desaparición de la Oficina Especial del caso “y la inmediata revisión de la recomendación 15VG/2018”, con lo cual vuelve a exhibir su irresponsable ignorancia de la investigación más acuciosa que haya realizado la Comisión que inexplicablemente preside.
“La extinta oficina especial se caracterizaba por su onerosidad y, aún más importante, por la dudosa estructuración ya que no se puede calificar el estado de las recomendaciones o el nivel de cumplimiento de las mismas”, afirma.
Sin embargo, esa instancia no dispuso de partidas extraordinarias para cumplir su cometido y es absolutamente falso que no se pueda calificar el estado de las recomendaciones por una dizque “dudosa estructuración” de las mismas.
Ojalá de verdad revisara la recomendación aludida porque los puntos que ahí se señalan no se pueden calificar igual que otras recomendaciones en su nivel de cumplimiento: se determinó una forma diferente de clasificación a los habituales por una petición especial del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, formulada poco antes de que se emitiera la Recomendación, consistente en que se hiciera un “seguimiento reforzado”.
¿Ni eso entiende la señora Piedra…?
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