Su dirigencia lo sabía, pero quiso sacarle hasta el último centavo al descomunal soborno con que desde hace 25 años fue corrompida por un pésimo gobernador: la suerte de la sección 22 quedó echada el 16 de enero de 2013, cuando los congresos de Hidalgo, Campeche y Yucatán superaron por uno el número mínimo (17) … Continued
Su dirigencia lo sabía, pero quiso sacarle hasta el último centavo al descomunal soborno con que desde hace 25 años fue corrompida por un pésimo gobernador: la suerte de la sección 22 quedó echada el 16 de enero de 2013, cuando los congresos de Hidalgo, Campeche y Yucatán superaron por uno el número mínimo (17) necesario de legislaturas estatales para que la reforma educativa, aprobada en diciembre de 2012 por las cámaras de Diputados y Senadores, adquiriera rango constitucional.
Por si dudas quedaran, la Suprema Corte de Justicia desechó hace un mes las demandas de amparo que interpuso la retardataria y caciquil facción, que puso en duda la solidez jurídica del cambio radical en la enseñanza básica pública.
La 22 cometió el error de creer que todos somos iguales, pero desde luego no: sus militantes son “servidores públicos” que han incurrido, cuando menos, en responsabilidades administrativas claramente sancionables, y por encima de sus miembros y de cualquier otro mexicano, está el canijo derecho superior de los niños que incluye, obvio, que reciban una educación de calidad.
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