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Sobre aviso no hay engaño. La señora presidenta con A de patria estaba perfectamente al tanto, igual que su aparato político y partidista, que la reforma constitucional a los procesos electorales no obtendría la mayoría calificada de dos tercios en la Cámara de Diputados, que fue la elegida como cámara de inicio. Y no la podía obtener en primerísimo lugar porque la iniciativa presidencial tenía perversas intenciones para afincar un sistema político con un partido aplanadora que tomara el papel que durante décadas tuvo el PRI.

De manera concreta, y a la vista de la escasez de recursos que se vuelcan a la compra de votos disfrazada de programas de asistencia social, el gobierno se planteó la reducción de los representantes minoritarios, así como recortes al presupuesto del Instituto Nacional Electoral y al apoyo que los partidos políticos reciben del gobierno.

Los paleros del Partido del Trabajo, el Verde Ecologista y el Movimiento Ciudadano pueden soportar cualquier desdén o mal trato verbal; pero que no les toquen los centavos, porque así no juegan. PRI y PAN comparten esa postura y sumaron sus votos para impedir el progreso de la iniciativa, que no podrá ser presentada de nuevo, por lo menos en la proximidad del tiempo.

Desde luego que la opinión pública, cada vez más decepcionada de la eficacia de los legisladores nacionales, vio con mucha simpatía la reducción del número de diputados. Con cierta prudencia recibirían la reducción al apoyo financiero para los partidos, puesto que esta medida abriría en automático la posibilidad de dinero sucio, del narco, que cuenta con sumas millonarias para hacer “aportaciones” a las campañas y los procesos electorales a cambio de una participación más activa en la selección de candidatos y candidatas a todos los niveles.

Hay quienes miran al patio del vecino, en el que los señores del gran capital abiertamente hacen jugosos donativos a los partidos y los candidatos norteamerigringos, que les facilitan luego desde el poder reparto de simpatías que hacen de la generosidad un buen negocio.

Obcecada como es, la señora Sheinbaum se negó a ceder en las reformas esenciales: la de los centavos y la integración de los plurinominales, otro negocito en manos totalmente de las dirigencias de partidos. Nada más lejano a un proceso democrático.

259 votos a favor, 234 en contra —incluidos tres de Morena— y una abstención mandaron la iniciativa redactada por el bolchevique Pablo Gómez, del grupo duro del partido en el poder, de regreso a sus oficinas de origen.

Tampoco hay sorpresa alguna en el siguiente paso de la señora presidenta, el llamado Plan B. Mediante leyes secundarias, no del ámbito constitucional, que no requieren de la mayoría de dos tercios, irán modificando una ley aquí, otra por allá. De todos modos el beneficiario primario es el nuevo PRI que se llama Morena.

PILÓN PARA LA MAÑANERA DEL PUEBLO (porque no dejan entrar sin tapabocas): Mayor simpatía cosechó entre la gente la orden presidencial de eliminar las enormes pensiones que se pagan a funcionarios gubernamentales o de empresas públicas que llegan en algunos casos a un millón de pesos al mes. La Cámara de Senadores la aprobó de manera aplastante y la envió a la de Diputados para que haga lo propio.

El prietito en el arroz resulta ser que fuera de esa disposición se encuentran los miembros de las fuerzas armadas, los ministros de la Suprema Corte y otras excepciones de las que poco se habla.

Las pensiones no podrán superar, de ahora en adelante, la mitad del sueldo que gana la presidenta de la República: algo así como setenta mil pesos al mes.

El supuesto gozo se tiene que ir al pozo, por un principio en jurisprudencia que se llama la no retroactividad de las leyes, que todo mundo debe respetar. En otras palabras, lo caído, caído. Que se jodan los futuros pensionados, porque las leyes no se pueden aplicar hacia atrás.

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