El “particular” derecho de amparo

Mientras Guerrero se pudre con la pornográfica y delincuencial candidatura de Salgado Macedonio por Morena, diez días antes de que el presidente López Obrador descalificara a los jueces de amparo, acusó de “traición a la patria” a los abogados defensores de las empresas afectadas por la nueva ley eléctrica.

Ambas desautorizaciones evidencian su ignorancia de nociones elementales de Derecho (lo cual no exime a nadie de su cumplimiento).

López Obrador es licenciado en ciencias políticas y administración pública, pero no le impartieron o no entendió principios esenciales de legalidad.

Para efectos prácticos y jurídicos, lo que crea que hacen o deben hacer defensores y jueces poco importa frente al único compromiso válido que asumió al asumir el cargo: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes derivadas (para ser Presidente no se requiere saber leer y escribir ni tener certificados o títulos de estudio sino solo ser mexicano por nacimiento, hijo de mexicanos y tener los derechos políticos a salvo pero, eso sí: cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales).

Sobre los abogados defensores, cualquier persona física o moral tiene derecho a tenerlos, pero no solo: en caso de no contar con ellos o no poder costearlos, el Estado (nunca es “el gobierno”) tiene la obligación de otorgarlo y pagar sus honorarios (se trate de quien se trate, incluidos los criminales menos “defendibles”).

Por esto fue un gran disparate que calificara de “vergüenza” el que “abogados mexicanos estén de empleados de empresas extranjeras que quieren seguir saqueando a México. Esto es traición a la patria”.

Lo de los jueces amenazados por otorgar amparos a empresas perjudicadas por la nueva ley de la industria eléctrica es otro dislate que nada tiene que ver con la legalidad ni con el sentido común. López Obrador dijo que “sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviera al servicio de particulares…”.

¿No sabe que el amparo judicial protege precisamente a los particulares contra las arbitrariedades del gobierno?

Instó a la Judicatura Federal a “revisar” la actuación del juez de amparo Pablo Gómez Fierro, quien suspendió de manera provisional la derechosa contrarreforma eléctrica.

Preocupado, el lector Julio Gabriel Iglesias Gómez escribe: “El magistrado del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Jorge Arturo Camero Ocampo fue suspendido por la compra de un inmueble dizque de mucho lujo, pero ya había sido fiscalizado por ese mismo motivo estando en funciones y demostrado la posibilidad de la adquisición con sus recursos. Camero no estaba de acuerdo con la postura de López Obrador con relación a las comunidades vecinas al aeropuerto de Santa Lucía, que peleaban con el juicio de amparo para que se respetasen sus tierras. Este fue el motivo real de que lo suspendieran. Al final, el magistrado falleció por un cáncer que padecía”.

Y es que, en efecto, ningún juzgador debe ser amedrentado y mucho menos por quien, dicho sea de paso, no es su patrón…