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Como si fueran dinastías monárquicas, familias enquistadas en la 4T han colocado, primero en la Ciudad de México y gobiernos estatales y luego en la administración federal, a miembros de sus castas en posiciones estratégicas para afianzarse en el poder.

No es una práctica nueva. Basta recordar al expresidente José López Portillo quien, durante su sexenio (1976-1982) calificó como “el orgullo de mi nepotismo” la designación de su hijo José Ramón, como subsecretario de Programación y Presupuesto.

Viene al caso la referencia porque la presidentA Claudia Sheinbaum envió al Senado la reforma constitucional de no reelección y nepotismo electoral, la cual propone evitar la reelección inmediata, retomando el principio de “Sufragio efectivo. No reelección”.

Se asegura en Morena que “la reelección inmediata genera desigualdad en los procesos electorales, ya que quienes ocupan el cargo tienen acceso a recursos y medios que les otorgan ventajas frente a aspirantes nuevos”.

El otro asunto medular es la prohibición del nepotismo electoral, “estableciendo parámetros para que los aspirantes a cargos de elección popular no tengan vínculos de parentesco, matrimonio o concubinato con la persona que ocupa el cargo por el cual desean postularse”.

Esto ocurre en un momento en el que, como nunca antes, muchos personajes de la política tienen uno o varios familiares a la vez en cargos públicos, lo que -insisto- no es nuevo, pero sí se sabe más. Ahí tienen el caso de la “familia judicial”.

Algunos ejemplos:

De la familia Alcalde, sobresalen dos hermanas: Luisa María, ex SEGOB y presidenta nacional de Morena, y Bertha, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México. Su prima Karina Luján Luján, es directora general del INDAUTOR.

De los Monreal, destacan Ricardo, el gran cacique y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados; David, gobernador de Zacatecas; Saúl, senador; Rodolfo, coordinador general de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales en Sinaloa; Susana, consejera en el consulado en San Antonio, Texas, y Ana María, directora de Salud Pública de la Secretaría del ramo en Zacatecas. Catalina Monreal, hija de Ricardo, es directora general del Instituto Nacional de la Economía Social.

De los Batres, Martí, director general del ISSSTE; Lenia, ministra de la Corte, y Valentina, diputada local en la Ciudad de México.

De los Taddei, Guadalupe, es presidenta nacional del INE; su hijo Luis Rogelio Piñeda Taddei es Consejero Jurídico de Sonora; su sobrina Ivana Celeste Taddei Arriola es diputada local por Morena, y su sobrino Pablo Daniel Taddei Arriola, es el director de la empresa LITIOMX.

De Adán Augusto López, su hermana Rosalinda, qepd, estuvo casada con Rutilio Escandón Cadena, exgobernador de Chiapas y actual cónsul de México en Miami.

Y los Salgado, en Guerrero, cuya gobernadora es hija del senador Félix Salgado, quien sigue soñando con sucederla.

Sólo por citar a algunos.

En los pasillos del Senado descartan que los destinatarios de esa reforma estén en el Legislativo. Más bien, aseguran es, entre otros, para el gobernador pevemista Ricardo Gallardo, quien querría postular a su esposa, Ruth González, a sucederlo, en 2027, año que entraría en vigor la reforma, en San Luis Potosí, estado de donde es originaria Rosa Icela Rodríguez. Capisci?

No son todos, pero sí nos da una idea de qué tamaño es el nepotismo en el país. Por supuesto, no es nada irregular que por afinidad o porque lo vieron desde niños, hijos quieran seguir el paso de sus padres, pero tratándose de encargo y dinero públicos, debe haber transparencia absoluta, sin suspicacia y desconfianza alguna.

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