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Hay una frase de Rocío Nahle que merece quedarse en el centro de la discusión política: ningún funcionario, diputado o dirigente partidista debe cobrarle un porcentaje de su sueldo a un trabajador.

La gobernadora de Veracruz fue clara al referirse a los señalamientos recientes sobre presuntas cuotas exigidas a empleados de legisladores. El tema tomó fuerza luego de que un extrabajador del Congreso señalara que una diputada, identificada como Dorheny García Cayetano, presuntamente le quitaba parte de su salario.

Nahle no dio por cierto el señalamiento. Pidió algo elemental: denuncia y pruebas.

Y ahí está el punto.

En la política sobran acusaciones, versiones y señalamientos que terminan convertidos en munición para la confrontación entre grupos. Cuando se habla del salario de un trabajador, la discusión debe llevarse al terreno de los hechos y de la autoridad correspondiente.

La propia Gobernadora puso ejemplos concretos de lo que podría aportar una persona afectada: recibos de nómina, mensajes, grabaciones o cualquier elemento que permita acreditar cuánto percibe y cuánto le fue solicitado entregar.

“¿Cómo va a ser eso que alguien de su sueldo le estén cobrando porcentaje?”, cuestionó.

La pregunta resulta pertinente porque el sueldo de un trabajador representa el pago por su trabajo. Exigirle una parte para entregarla a un superior, funcionario, diputado o cualquier otra persona debe investigarse cuando existan elementos que permitan acreditar esa conducta.

Y Nahle también hizo algo importante: quitó la discusión del terreno partidista.

Dijo que una práctica de esta naturaleza no debe existir en MORENA ni en ningún otro partido político. Incluso reconoció que ha escuchado comentarios relacionados con personajes de otras fuerzas políticas.

Eso coloca el asunto donde debe estar: en la responsabilidad individual de quien pudiera incurrir en una conducta indebida.

Si alguien está cobrando “moche” a sus empleados, que se investigue. Si alguien está utilizando una acusación falsa para golpear políticamente a otra persona, que también se acredite.

En el caso de Dorheny García Cayetano, la gobernadora señaló que leyó la información y que corresponde al denunciante presentar formalmente su acusación y las pruebas.

Ese llamado debe ser atendido.

Quien tenga pruebas, que denuncie. Quien sea señalado, que responda ante las instancias correspondientes. Y las autoridades deberán determinar lo que proceda.

La política necesita dejar de normalizar prácticas que afectan directamente el ingreso de quienes trabajan en oficinas públicas. Un salario no puede convertirse en una cuota obligatoria para mantener un empleo o una posición laboral.

Rocío Nahle fue contundente: “No debe ser de MORENA ni de ninguno”.

La frase debería alcanzar a todos. Porque el “moche” del sueldo no puede tener partido, color ni siglas.

Esta columna se publica todos los lunes, miércoles y viernes.