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A la mitad de la tercera década del siglo XXI, México enfrenta un cambio significativo. El bono demográfico se ha diluido y ahora mismo, el envejecimiento de la población ya define las políticas sociales y el gasto público.

El modelo de desarrollo con bienestar cumple un año en su implementación. La meta: alcanzar la prosperidad compartida. La dinámica demográfica, empero, ha condicionado la política de gasto de la administración federal que desde el arranque del sexenio se comprometió a expandir los programas sociales y mejorar la infraestructura estratégica, al tiempo de cubrir los servicios esenciales en cinco rubros básicos: salud, educación, alimentación, vivienda y seguridad.

La transición de una pirámide poblacional predominantemente joven hacia una estructura más envejecida constituye uno de los principales factores de riesgo fiscal, al reducirse la base de contribuyentes y aumentar simultáneamente la demanda de gasto social.

El Consejo Nacional de Población estima que la población mayor a 60 años en México es de 17.1 millones de personas, equivalente al 12.8% de los mexicanos. Para el 2050, ese grupo poblacional alcanzará los 35.4 millones de personas, es decir, uno de cada cuatro mexicanos será adulto mayor.

La mayor demanda de servicios de salud y el aumento sostenido en las obligaciones del Estado para financiar pensiones contributivas y no contributivas son realidades innegables.

La mayor longevidad y la reducción en la población en edad laboral representan un reto dual, para el gobierno pues se incrementa el tiempo durante el cual se pagarán beneficios pensionarios y se reducen las contribuciones efectivas al sistema de seguridad social.

La administración Sheinbaum se ha propuesto construir un Sistema Nacional de Cuidados, lo que permitiría liberar tiempo y generar oportunidades laborales para millones de mujeres. Una tarea titánica, pues en México, apenas 49.7% de los 9.2 millones de niños menores de cinco años acude a un centro de educación inicial, estancia, guardería, preescolar o kínder. Entre aquellos que tienen menos de un año de edad, la cobertura se desploma hasta apenas 6.8% con acceso a servicios de atención infantil.

Los cuidados y educación de calidad desde la primera infancia es condición sine qua non para potencial el desarrollo de capacidades y oportunidades futuras para aquellas mujeres actualmente marginadas de la fuerza laboral. Pero también, atender a las personas enfermas o con discapacidad.

De los 20 millones de personas mayores de 60 años, solo 5.7 millones reciben actualmente algún tipo de cuidado. Este dato subraya la necesidad de impulsar políticas articuladas, que promuevan el cuidado digno en la vejez, al tiempo que prevengan o retrasen la dependencia de los adultos mayores.

Efectos secundarios

AMARGADOS. El IFT vive horas extra. En el Senado de la República esperan que la presidenta Claudia Sheinbaum remita sus propuestas para integrar la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para integrar al Pleno y en las áreas administrativas e investigadoras está por concretarse un relevo absoluto del personal técnico, quienes han recibido sus liquidaciones y la parte proporcional del aguinaldo 2025. Solo quedan 200 empleados de confianza y mandos medios que aún no han sido indemnizados y han amagado con demandas laborales a la ADTD.