El juicio del año

La coyuntura periodística, más que la línea presidencial, fue la que llevó a representantes de los medios informativos más influyentes en México a la Corte del Distrito Este de Nueva York, para cubrir el inicio del juicio contra Genaro García Luna.

Igual ocurrió, con las audiencias públicas en los casos de Joaquín Guzmán y Keith Rainere, el líder de Nxivm, la secta que sedujo a millonarios y líderes de opinión de distintos puntos del país. Desde temprano, los reporteros de La Opinión, Televisa-Univision y Futuro Investigates, además de autores de libros sobre el Chapo, ocuparon casi todos los lugares destinados a la prensa en la sala adjunta a la Corte de Brooklyn donde inició la selección del jurado anónimo que decidirá si García Luna —el funcionario mexicano de más alto rango sujeto a un proceso judicial en Estados Unidos— es inocente o culpable.

Esa dudosa patente efímeramente correspondió al general Salvador Cienfuegos, quien también compareció ante el juez Brian M. Cogan. Por la misma sala que ayer compareció el exsecretario de Seguridad Pública del sexenio calderonista pasaron el extitular de la Sedena y el Chapo. Hace cuatro años, un jurado condenó al capo sinaloense a la cadena perpetua, que actualmente cumple en una prisión de máxima seguridad de Colorado.

Para evidenciar el doble juego de García Luna ante el jurado, los fiscales estadounidenses llamarán a “testigos colaboradores” —que no son otros más que capos mexicanos convertidos en delatores— y les preguntarán detalles sobre la entrega de sobornos a cambio de protección y filtraciones de información sensible.

Los fiscales acusan al policía estrella de los gobiernos panistas de haber aceptado sobornos multimillonarios del Cártel de Sinaloa, lo que implica haber utilizado —para beneficio de el Chapo Guzmán— la información entregada por las agencias estadounidenses enfocadas en combatir al narcotráfico a sus contrapartes mexicanas durante una década.

Tanto en México como en Estados Unidos todavía falta precisar las fallas sistémicas que permitieron a un alto mando civil —que en su momento tuvo capacitación y cercanía con la DEA y el FBI— finalmente fuera cooptado por el Cártel de Sinaloa.

La Cuarta Transformación quiere transformar este caso en un maxiproceso contra el calderonismo. La guerra contra el narcotráfico es una estrategia fallida, que tanto priistas como morenistas han criticado. Al paso de los sexenios, ni la violencia disminuye ni se han disuelto bandas delincuenciales “de alto impacto”.

Efectos secundarios
¿CHAMAQUEADOS? La resolución de un proceso administrativo en contra de Teléfonos de México dejó mal parados al Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y es que sus cuatro integrantes decidieron no entrar al fondo del asunto y, en consecuencia, no imponer una sanción que habría sido de poco más de 22,000 millones de pesos. Los expedientes de las dos denuncias contra el agente económico preponderante fueron sospechosamente mal acumulados por los funcionarios del órgano autónomo, lo que según el criterio de los comisionados lo habría dejado en estado de indefensión. Pero abogados especializados en estas materias, en derecho administrativo no procede lo que se conoce como la “suplencia de la queja”. Esta decisión casualmente se tomó al día siguiente de que se da a conocer el razonamiento de los comisionados, el sindicato de telefonistas dio a conocer por su lado que había logrado un acuerdo con Telmex, que permitirá desactivar la amenaza de huelga que ha estado latente desde mediados del año pasado. Y casualmente, el instrumento político con el que la empresa y su sindicato tuvieron al gobierno y al IFT en vilo, por una supuesta inviabilidad económica derivada de decisiones del regulador, de un día para otro simplemente se esfumó.