Creo que el principal reto que presenta a las autoridades el segundo informe del GIEI es el del debido proceso. Lo que el GIEI documenta con seriedad son vacíos de información y aberraciones de procedimiento vinculados a una falta fundamental de respeto a los derechos humanos y a las garantías debidas del proceso judicial. El … Continued
Creo que el principal reto que presenta a las autoridades el segundo informe del GIEI es el del debido proceso.
Lo que el GIEI documenta con seriedad son vacíos de información y aberraciones de procedimiento vinculados a una falta fundamental de respeto a los derechos humanos y a las garantías debidas del proceso judicial.
El mayor agujero de su registro no está en el segundo informe escrito que han presentado, sino en una parte de la conferencia de prensa que ofrecieron el domingo pasado, 24 de abril.
Se refiere a la presencia, denunciada por los miembros del GIEI, de Tomás Zerón, alto funcionario de la PGR, y de su testigo de cargo, un detenido por el caso, en el lugar donde fueron encontrados restos claves, pruebas claves, de todo el proceso.
Me refiero a la bolsa con huesos calcinados recogidos en un afluente del río Cocula, que resultaron ser los únicos que dieron prueba positiva de identidad para uno de los 43 estudiantes desaparecidos, Alexander Mora.
Gran problema de debido proceso: esa diligencia procesal no está consignada en el expediente que da sustento a todo. Habría sido realizada en secreto el día anterior al del hallazgo oficial de los restos que consta en el expediente.
Si esto es cierto, si el primer paso de la investigación del caso Ayotzinapa no fue consignado en el expediente, sino “recreado” un día después, todo el expediente se tambalea. Mejor dicho: queda inutilizado para efectos de la exigente lógica judicial del debido proceso.
Esta lógica exigente determina que para poder juzgar del fondo de un hecho criminal, el proceso de acusación debe ser impecable en sus procedimientos. Solo la limpieza procesal permite a los jueces juzgar el fondo de una acusación.
Si resulta cierta la inspección secreta de la PGR en el río Cocula un día antes de abrir oficialmente el expediente, si esa violación procesal existió en el origen mismo del caso, me temo que el caso está perdido para la autoridades, no porque sean falsas sus conclusiones o sus investigaciones posteriores, sino porque, desde el origen, su procedimiento para llegar a ellas es indebido.
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