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¿Alguien querría ver salir de la cárcel a los 120 presos por la matanza de Iguala debido a que no fueron respetados sus derechos procesales y sus derechos humanos?

Todavía muchos mexicanos dirían que lo importante es castigar a los culpables y que si se debe maltratar a los criminales para que confiesen, hay que hacerlo.

Todavía muchos agregarían que los derechos humanos son coartadas legales para defender delincuentes.

He recibido esas críticas por defender el debido proceso y su áspera verdad: si alguien no es juzgado con todas las garantías que la ley le otorga, no puede ser condenado, aunque sea culpable.

Mi criterio es: prefiero culpables libres por errores en el debido proceso que inocentes presos por ausencia de un debido proceso.

Es un penoso dilema, pero entre un inocente preso por fabricación impune de pruebas y un culpable libre por violación de sus derechos procesales, es preferible lo segundo.

Esto último otorga garantías a todos, mientras la fabricación de culpables suprime las garantías de todos los que puedan caer en manos de la ley.

En seguimiento de su lógica y de sus pruebas, el GIEI y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deberían plantear para México la consecuencia judicial que se sigue de sus conclusiones: un alegato por la libertad de los detenidos y acusados mediante procesos que violaron sus derechos. Y un alegato por el castigo a los violadores de sus derechos.

No lo harán, creo, porque ellos también hacen política, y no quieren tomar riesgos adicionales. Sienten haber tomado bastantes.

Hay poca congruencia en esto. Lo dije a los miembros del GIEI durante una reunión informal en la revista Nexos: si ustedes tienen pruebas de que los testigos de cargo del caso fueron torturados, deben exigir su liberación, y el castigo de los torturadores.

Nos han mostrado que tenían esas pruebas, pero no han pedido la liberación ni el castigo de nadie.

(Me corrigen y corrijo: ocultar la diligencia de la PGR en el río Cocula el día anterior al consignado en el expediente no es una falla de debido proceso, sino de prueba ilícita: todo lo referido a los huesos hallados en el río Cocula, deja de ser evidencia válida en el proceso).

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