¿Qué hubiese pasado si no se exhiben los documentos de la compra? Recordemos que cada uno, incluyendo la “ministra del pueblo”, Lenia Batres, escogió el color de su vehículo
Lo único cierto, incontrovertible, es que la compra de las camionetas blindadas atenta contra la política de austeridad que los gobiernos de López Obrador y de Claudia Sheinbaum han divulgado como su identidad. Y en los hechos destruye todo lo que se dijo sobre los excesos de los anteriores ministros de la Nación.
Nada justifica la elección del modelo, el blindaje, el emplacado en Morelos.
Frente al escándalo que provocó esto, incluida la defensa presidencial el viernes pasado, los ministros, encabezados por su presidente, Hugo Aguilar, intentan justificar su inmenso error porque, textual, los vehículos en existencia eran modelos anteriores.
En un país donde la inmensa mayoría de habitantes poseen vehículos con antigüedad mayor a diez, quince años. Y esto se considera un privilegio.
Mayor separación del pueblo al que dicen obedecer no puede existir.
¿Y el blindaje? Cuando se acepta públicamente que no existen amenazas en su contra.
La compra de las camionetas fue firmada por Hugo Aguilar. Quien en improvisada conferencia de prensa este lunes 26 de enero declaró que decidieron, todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, “no utilizar los vehículos blindados que se compraron”.
En mi pueblo se llama a esto “batea de babas”. Porque si no los necesitaban, tan simple no debieron comprarlos. Decidir no utilizarlos no resuelve el gasto millonario de su compra, sino que los coloca en una tesitura cercana a la ilegalidad. Igual si siguen adelante con la idea absurda de donarlos a otros juzgadores.
El gasto se hizo, contra todo sentido común. De manera consensuada, después de semanas, meses incluso de análisis consultado a “otras autoridades” como informó el señor Hugo Aguilar. ¿No hubo una voz que advirtiese de la pifia que iban a cometer, que recordasen los principios tan cacareados de austeridad republicana, que les advirtiese que esta compra iba a provocar un inmenso rechazo social?
No utilizar las camionetas no soluciona nada. ¿Devolverlas? No hay forma para resarcir el daño presupuestal.
¿Qué hubiese pasado si no se exhiben los documentos de la compra? Recordemos que cada uno, incluyendo la “ministra del pueblo”, Lenia Batres, escogió el color de su vehículo.
La conducta de los ministros es un retroceso absurdo, exhibe una cultura de mentiras, de falsas premisas, en una institución que debe ser intachable. Admite un gasto de recursos públicos contra las políticas del gobierno que los llevó a su oficina con acordeones, que impulsó la salida de sus antecesores, precisamente, por supuestos malos manejos presupuestales.
Es, también, una burla a ese pueblo bueno tan manoseado en todos los discursos oficiales.
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