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A poco más de un año de la entrada en vigor de la reforma tributaria impulsada por la administración Trump y el Partido Republicano, hay señales claras de que ésta no ha logrado los objetivos oficiales de sus proponentes.

Vale la pena recordar que el objetivo principal de la reforma era generar incentivos para estimular el crecimiento económico a través de mejorar la competitividad de las empresas estadounidenses.

La piedra angular de la reforma fue una reducción permanente en el Impuesto sobre la Renta a las personas morales de 35 a 21% y una serie de recortes menos drásticos pero temporales a las tasas de impuestos sobre la renta para personas físicas.

La tesis detrás de los que impulsaron la reforma es que la reducción en la tasa de Impuesto sobre la Renta para personas morales generaría mayores utilidades a las empresas y que éstas aprovecharían este estímulo para incrementar sus niveles de inversión, generando más empleos y mejorando los niveles de remuneración.

Asimismo, el Partido Republicano y la Casa Blanca vendieron la muy cuestionable afirmación de que la reforma generaría tal incremento en los niveles de actividad económica, que ésta se pagaría “por sí sola”, es decir, que los incrementos en el déficit público y el endeudamiento del gobierno como porcentaje del PIB serían mínimos.

Aunque el Partido Republicano suele posicionarse como un partido que busca siempre la responsabilidad fiscal, la realidad es que la mayoría de los economistas cuestionaron agresivamente la idea de que la reforma se pagaría por sí sola.

La mayoría de los expertos coincidieron en que la reforma tendría un impacto positivo en el crecimiento de corto plazo, pero incierto en el largo plazo y que lo único certero es que la reforma generaría un creciente nivel de déficit y endeudamiento público.

Hasta ahora, los expertos no se han equivocado, la reforma contribuyó a una aceleración en el crecimiento del PIB de 2.3% en el 2017 a 3.0% en el 2018.

La cifra de crecimiento del 2018 fue la más alta desde el 2005 y superior al promedio de 2.15% observado entre el 2010 y el 2017.

Aunque los estímulos fiscales jugaron un papel importante, la economía estadounidense también se benefició de una aceleración en el crecimiento a nivel global. El primer objetivo de la reforma fiscal, hacer más competitivas a las empresas e impulsar el crecimiento de sus utilidades, se cumplió cabalmente.

Las utilidades de las empresas que componen el S&P 500 deben crecer por arriba de 20% (la mayoría de las empresas terminan de reportar sus resultados del cuarto trimestre en las próximas dos semanas) y una parte importante del crecimiento es resultado de la reducción en la carga fiscal.

Este fuerte incremento en las utilidades contribuyó a que los mercados accionarios tuvieran un fuerte desempeño durante los tres primeros trimestres del 2018. Sin embargo, la segunda parte del objetivo no se cumplió a cabalidad. Las empresas apenas incrementaron sus niveles de inversión —la inversión privada como porcentaje del PIB se mantiene prácticamente sin cambio en un nivel cercano a 18%— y aunque el empleo tuvo un buen ritmo de crecimiento, no hubo un incremento tangible en los niveles de remuneración.

Aunque el mercado laboral está prácticamente en pleno empleo y algunas empresas hicieron anuncios con bombo y platillo de pagos de bonos para sus empleados como consecuencia de la reforma fiscal, la realidad es que los salarios han crecido a un ritmo muy moderado que apenas supera 2 por ciento. La evidencia sugiere que la mayoría de las empresas beneficiadas del recorte impositivo —sobre todo las que cotizan en los mercados accionarios— utilizaron los recursos extraordinarios generados por el recorte impositivo para recomprar sus propias acciones, para reducir deuda o para llevar a cabo adquisiciones de otras empresas.

En concreto, la reforma ha generado un mayor crecimiento en el corto plazo a costa de un fuerte deterioro en las finanzas públicas y el beneficio ha sido principalmente para las grandes empresas, sus accionistas y sus principales directivos.