La justicia española dejó caer sobre los independentistas catalanes todo el peso de la ley. Tiene presos y prófugos a los miembros del ex Govern, acusados de delitos tan graves como “rebelión”, “sedición”, incitación al “enfrentamiento”, al “levantamiento” y a la “insurrección”. Estos son los delitos extremos que ha elegido para emitir su sentencia la … Continued
La justicia española dejó caer sobre los independentistas catalanes todo el peso de la ley. Tiene presos y prófugos a los miembros del ex Govern, acusados de delitos tan graves como “rebelión”, “sedición”, incitación al “enfrentamiento”, al “levantamiento” y a la “insurrección”.
Estos son los delitos extremos que ha elegido para emitir su sentencia la juez Carmen Lamela, una magistrada tranquila y equilibrada, según la semblanza de El País. (http://bit.ly/2A7x13K)
Difícil asociar lo sucedido en Cataluña con las palabras rebelión, sedición, levantamiento, insurrección, ligadas todas al ejercicio de la violencia.
Si algo no ha tenido el nacionalismo catalán, a diferencia del vasco o del irlandés, es una expresión violenta.
Expertos consultados por El País dudan de que lo sucedido en Cataluña pueda tipificarse como rebelión.
La expresión “violencia”, es elástica, dice Nicolás García Rivas, el mayor estudioso de este delito en España, pero “ni siquiera con esa elasticidad se puede considerar delito de rebelión” lo que pasó en Cataluña.
Habría hecho falta para eso “un acto de fuerza contra la integridad territorial o el orden constitucional que no puede resolverse con otros medios” que las fuerzas armadas.
El Tribunal Supremo, que juzgará a los seis miembros del ex Parlament catalán acusados de los mismos delitos, señaló, al recibir el caso, que lo sucedido no encaja en el delito de rebelión —30 años de cárcel—, sino en el de “conspiración para la rebelión” —7 años y medio— (http://bit.ly/2ywuHH4).
La severidad de la juez Lamela ha introducido un elemento corrosivo en el proceso de restablecer la legalidad en Cataluña, con las elecciones del 21 de diciembre.
El fallo judicial es tan extremo que favorece políticamente a quien quiere castigar. Les regala a los independentistas la posición de víctimas en esas elecciones. Y hace lucir hábil y hasta contundente a Carles Puigdemont cuando se entrega a la justicia belga y sentencia: “Con un Gobierno en prisión, no van a ser unas elecciones normales” (http://bit.ly/2xXLlLw).
Dice un amigo que las tablas de la ley tienen dos lados: el de las leyes y el de los tablazos. El fallo de Cataluña suena a lo segundo. Su costo puede convertir en derrota política para España lo que parecía una victoria.
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