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La economía mexicana pinta para tener un frenón importante durante el arranque de este año.

Un dato duro que puede adelantar una desaceleración es la tasa de desocupación de diciembre pasado. Ese nivel de 3.6% incluye ya los efectos de los despidos por el cambio de administración.

Muchos de los burócratas despedidos tendrán que medir su nivel de consumo en lo que se pueden volver a colocar en otro puesto laboral. Y quizá sean pocos en términos de la población económicamente activa, pero aquellos trabajadores al servicio del Estado que hoy ganan menos, menos que el presidente por supuesto, también tirarán hacia abajo la actividad económica.

Pero hay otras situaciones internas que implicarán un impacto mayor en las posibilidades de crecimiento.

De entrada, y como cada inicio de administración, el ejercicio del gasto público seguramente habrá sufrido una ralentización en lo que aprenden los nuevos a gastar. Y por supuesto, si se cumple con la promesa presidencial de cero corrupción, deben estar temerosos de que se pueda notar que hay un sólo peso mal gastado.

Con un impacto mucho mayor para las posibilidades de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) hay que apuntar el desabasto de combustibles.

Muchas cadenas productivas en los tres sectores se han visto afectadas por la falta de gasolinas, desde las cosechas que no pueden salir al mercado por la falta de transporte, hasta el taxista que hoy en Jalisco o Aguascalientes sigue invirtiendo más horas de su día para cargar gasolina que en llevar pasaje.

No hay propaganda en los cálculos que hace la Cámara Industrial de Jalisco, que estima pérdidas económicas de entre 4,000 y 5,000 millones de pesos a lo largo de todo este tiempo de desabasto. O los comerciantes de Guadalajara, que estiman que 84% de los comercios de la entidad ha sufrido alguna afectación por la falta de gasolina.

Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, la Ciudad de México y otras entidades más, tendrán sus propias mediciones del impacto del desabasto que habrán de restar crecimiento nacional.

Y el colofón del mal desempeño económico esperado se da con la falta de Estado de derecho en Michoacán. Un gobernador que pasea por España, como el caso de Silvano Aureoles, en lugar de atender la contingencia y un gobierno federal que se lava las manos de su responsabilidad de hacer cumplir las leyes en las vías federales del tren.

El Estado sin fuerza le ha costado ya pérdidas que por ahora se calculan por arriba de 7,500 millones de pesos a diferentes sectores que han visto suspendida la proveeduría por el delito de obstrucción de vías ferroviarias que cometen agremiados de la CNTE.

El daño que provocan estos sujetos a industrias tan importantes en este país como la energética, acerera o automotriz es descomunal.

Pero el daño a la confianza que se produce por parte de un Estado sin fuerza, que permite la violación continua de los derechos de terceros, implica un impacto de más largo plazo.

Las consecuencias económicas, la desaceleración del PIB durante el primer trimestre, pueden ser mucho más severas de lo que pudieran considerar los pronosticadores.

Además, hay que sumar la larga lista de factores externos que hoy apuntan a una ralentización económica global.