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La presidenta Claudia Sheinbaum tiene un muy complicado inicio de sexenio, no por la curva de aprendizaje del manejo de los controles del gobierno, sino por el coletazo (herencia) de AMLO.

El mentor político de la presidenta dejó un país con una situación muy complicada en materia de seguridad, producto de su fallida estrategia de combate al crimen organizado. Estados como Sinaloa, Chiapas, Zacatecas, Colima, Estado de México y Guanajuato son noticia a diario, pero no por sus atractivos naturales o por su desarrollo económico, sino por los constantes actos de violencia. Por ejemplo, Sinaloa, desde finales del sexenio de AMLO, vive en estado de guerra debido al enfrentamiento entre los “Chapitos” y la “Mayiza”. Mientras que en Chiapas, el reciente asesinato del sacerdote católico Marcelo Pérez Pérez, conocido por su activismo social, ha conmocionado a México y al mundo.

También tenemos que hablar de la delicada situación económica. No sé qué estrategia tenga el gobierno de la presidenta Sheinbaum para allegarse los recursos monetarios necesarios para cumplir con compromisos como los programas sociales, la construcción de trenes, y para la “consolidación”, por no decir para “terminar” proyectos como el Tren Maya, el Tren Transístmico y la refinería de Dos Bocas.

Ya mejor no hablamos de los problemas de la sanidad pública, donde tendrá que lidiar con el desabasto de medicamentos y la atención a la población no afiliada al IMSS, ISSSTE o a algún sistema de salud estatal.

Pero el coletazo de AMLO no sólo pegó a la parte operativa del gobierno, también afectó el ambiente político-legislativo, un ejemplo de ello la Reforma al Poder Judicial Federal presentada por el expresidente López Obrador, que la mandataria hizo suya y, sin exagerar, tiene al país de una crisis constitucional, cuyas consecuencias sociales y económicas no podemos imaginar.

La reforma, aprobada al vapor, tiene como punto central la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la creación de un Tribunal especial que se encargará de investigar las conductas ilícitas de los juzgadores.

La reforma ha sido vista con desconfianza por agentes económicos nacionales e internacionales, que temen que la nueva legislación afecte la seguridad jurídica de sus inversiones.

En un encuentro reciente que la mandataria sostuvo con presidentes de empresas de México, Estados Unidos y Canadá, les garantizó que la reforma no afectaría las inversiones, ya que con los ajustes al Poder Judicial Federal fortalecerán el Estado de Derecho.

Días después la presidenta Sheinbaum Pardo hizo volar por los aires lo dicho a los empresarios, cuando de manera tajante afirmó que no acatará la resolución de la jueza Nancý Juárez, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito, en Veracruz, que le ordena bajar del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial.

Digo que hizo volar por los aires sus dichos, porque los hombres del dinero verán con recelo a un gobierno que sólo acatará las resoluciones judiciales cuando le sean favorables. Lo dicho por Sheinbaum puede frenar las inversiones.

Pero el pleito con la jueza ha provocado que la feligresía de la 4T comience a lanzar mensajes incendiarios llamando a defender a la “líder” ante un posible proceso de destitución y juicio. Veremos qué pasa cuando el gobierno sea notificado formalmente y comiencen a correr las 24 horas que dio la juzgadora para quitar del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial Federal

La presidenta Sheinbaum debe acelerar el trabajo para comenzar a dar resultados, porque como lo comenté hace unas semanas en este espacio, el recurso de culpar al pasado ya no le va a servir, porque en el pasado está su mentor.

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