El chivo expiatorio del peñismo

Casi siempre de pantalones caqui, sin relojes lujosos como sus jefes, José Manuel Carrera Panizzo terminó el sexenio peñista como consultor de Banobras, con un sueldo de apenas 200,000 pesos.

Usaba un FIAT 500 en la época que fue director de Innovación y Nuevos Negocios de Pemex. Emilio Lozoya lo designó director de PMI internacional, pero no buscaba hacer fortuna, sino cumplir con las instrucciones superiores. Una de las primeras llegó en el primer trimestre del 2013: la compra de 51% de las acciones de Hijos de J. Barreras, la empresa armadora de buques donde el anterior director de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel, había visto como la cabeza de playa de la expansión de la empresa en el viejo continente.

Desde el 2010, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, había pactado con el gobierno de México el rescate del mítico astillero de Vigo, donde trabajan casi 1,000 trabajadores. La nueva administración respetó la palabra empeñada por Felipe Calderón y destinó 10 millones de dólares para comprar el paquete accionario, en una operación que se cerró en noviembre del 2013.

A mediados del 2014, Pemex Exploración y Producción contrató al astillero español para construir un flotel, que costaría 200 millones de dólares. En los talleres de Navantia, en el vecino poblado de Ferrol, se construyeron otros dos buques, insignias de la reforma energética.

Lozoya dejó Pemex en febrero del 2016. Carrera Panizzo se fue de la empresa poco después y se dedicó a la consultoría gubernamental hasta que la Secretaría de la Función Pública le endilgó la multa económica más alta impuesta a un empleado gubernamental en la historia, por 4,500 millones de pesos, para sancionar la compra de la planta de Agronitrogenados.

El financiero, egresado del Tec de Monterrey, todavía se dejaba ver en los restaurantes de Polanco hace un año. Ahora, podría convertirse en el chivo expiatorio del peñismo luego de que se conociera que la directiva de Pemex interpuso ante la FGR una querella en su contra, en septiembre del 2019, por administración fraudulenta.

Y es que la construcción de los buques de la reforma energética —dos tanques para transportar combustibles y dos floteles—, pero sobre todo la compra de los astilleros de Hermanos J. Barreras, resultó un rotundo fracaso.

La armadora viguense, que no tuvo acuerdos hasta que invirtió Pemex en su paquete accionario, sólo ha firmado cuatro contratos en los últimos dos años. El último con Ritz-Carlton para construir el “superyate” Evrima —que significa descubrimiento, en griego—, con el compromiso de entregarlo en junio del 2020. Todo un portento para zarpar de Barcelona, recorrer las Islas Baleares y llegar a Palma de Mallorca: de diseño único, con 190 metros de eslora, 149 suites con capacidad para 298 pasajeros. Cada camarote tiene su propia terraza privada. Los yates también contarán con dos penthouses de 158 metros cuadrados, cada uno con su propio jacuzzi privado.

Pemex, a través de PMI, y el grupo Albacora son propietarios de 75% de las acciones de la empresa, que era dirigida por José García Costas. La nueva directiva de Pemex lo destituyó.

Pero la empresa, mal administrada, quebró el año pasado. Y Ritz-Carlton hizo valer la garantía de 20 millones de dólares, de los que Pemex puso la mitad. Los astilleros llevan tres meses cerrados, al igual que un conjunto de empresas proveedoras. La Xunta de Galicia ha apelado a la “corresponsabilidad” de Pemex.

El consejero de Economía, Empleo e Industria del gobierno gallego, Francisco Conde, culpa de la desconfianza de la actual directiva de Pemex al fracaso de la gestión de la directiva de los astilleros. Y recordó que el gobierno gallego otorgó un préstamo de 10 millones de dólares para que las empresas auxiliares pudieran “atender” sus necesidades económicas.

Efectos secundarios

¿IMPARCIALES? El exdelegado de los programas federales en Jalisco, Carlos Lomelí, fue retirado se su cargo, y la Secretaría de la Función Pública multó a Laboratorios Solfran, cuyos representantes legales decidieron recurrir las sanciones —la inhabilitación por dos años y medio, además del pago de 20 millones de pesos— en el Tribunal Fiscal. El magistrado de la sala regional, Miguel Aguilar García, había decretado la suspensión, pero “recibió presiones para no conceder el amparo”, sostienen los abogados de la empresa. ¿Quienes? Altos mandos de la Función Pública y de la Junta de Gobierno del Tribunal, encabezada desde hace cuatro semanas por el magistrado Rafael Anzures.