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Los obstáculos al sistema de seguridad social universal propuesto por Santiago Levy son los derechos adquiridos de los trabajadores, la estructura institucional vigente, la rutina mental y el financiamiento.

Los trabajadores en no deberían ser obstáculo, pues lo que hay en la reforma para ellos y sus hijos no es disminución, sino aumento de derechos y de protecciones. Más compleja es la reingeniería institucional que supone cambios serios: un fortalecimiento de la Secretaría de Bienestar, del SAT y del IMSS en detrimento de los otros actores.

Nada que no pueda lograr “un liderato decidido”, dice Levy, o un gobierno con la fuerza que tiene hoy Andrés Manuel López Obrador.

Si lo está, tiene un camino en el camino de Levy. (Las propuestas de Levy en Nexos.com: https://bit.ly/2nVSYSO). [email protected]

Tan difícil de cambiar como el contexto institucional vigente, son las formas históricas, de pensar la seguridad social en el país como un archipiélago de instituciones separadas que ocupa cada una parte del terreno: al IMSS los trabajadores formales, al Issste los burócratas, etcétera.

La visión transversal de Levy desafía estas categorías, pero ofrece un horizonte de expansión para todos que podría suavizar la negociación del cambio.

“Las propuestas”, dice Levy, “expanden el gasto público en salud, guarderías y pensiones, fortalecen la capacidad regulatoria del Estado y mejoran la protección a los trabajadores contra el despido. En consecuencia: más derechos sociales, mejores servicios, más redistribución, mayor equidad de género y más empleos mejor remunerados”.

Al final, todos ganan: en cobertura, en eficiencia y en presupuesto.

Ahora, ¿cuánto cuesta todo esto y quién lo paga? La respuesta de Levy es muy puntual. Emprender todo esto al mismo tiempo y sostenerlo costaría 1.5% del PIB, cada año. Requiere nuevos impuestos por esa cantidad, pero puede avanzarse mucho en rediseñar institucionalmente el sistema, antes de ampliar los presupuestos.

“Los problemas de arquitectura institucional y las ineficiencias operativas son de tal magnitud”, abunda Levy, “que hay un espacio importante de mejora con los mismos recursos fiscales”.

Pero el reto fiscal sigue ahí: ¿está el país dispuesto a pagar en impuestos 1.5% del PIB para tener un sistema de seguridad social universal, ése sí a la nórdica?