El arraigo de Elba Esther

Después de cuatro años y una veintena de expedientes judiciales —ocho amparos en revisión, siete quejas, cuatro recursos de inconformidad y una reclamación—, la defensa de Elba Esther Gordillo Morales obtuvo el beneficio del arraigo domiciliario, tramitado inmediatamente después de que la ex presidenta nacional del SNTE fuera remitida al Reclusorio Femenil de Tepepan por el juez Alejandro Caballero Vértiz en atención a las acusaciones formuladas por el Ministerio Público federal, como presunta responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y malversación. En el juzgado 14 de lo penal quedaron las causas por defraudación fiscal. La lideresa magisterial nunca ingresó al penal.

Durante dos años ocupó un piso de la Torre Médica de Tepepan y mientras los abogados insistían en que fuera confinada a su casa, por razones humanitarias. La PGR alegó que cuando dictó la orden de aprehensión tenía 68 años, por lo que no aplicaban las razones de edad pero la magistrado de circuito, Isabel Cristina Porras Ordiozola, emitió un fallo en el que concedía la protección de la justicia a la quejosa pero dado que había sido trasladada a un nosocomio de la colonia Roma Norte, daba por cumplida la sentencia,  en el juicio de amparo indirecto 11/2017. El 4 de septiembre, los abogados de la maestra interpusieron un recurso de inconformidad y la PGR hizo lo propio.

El 27 de noviembre del 2017, Gordillo Morales acudió al Quinto Tribunal Colegiado para desistirse del recurso de inconformidad que tramitó sobre la resolución. La PGR hizo lo propio. El expediente había caído en la ponencia del magistrado Reynaldo Manuel Reyes Rosas, quien ya estaba listo para presentar su proyecto a sus compañeros. Antes de ello, requirieron a la maestra que ratificara desistimiento y, en caso de que no lo hiciera, “no se tendrá por planteada dicha solicitud”. Fue hasta el viernes 15, cuando se recibió tal escrito, por lo que finalmente se dio cumplida la sentencia y Gordillo Morales pudo regresar al penthouse de la calle Galileo.

Tanto recurso jurídico indujo a la confusión. La defensa de la maestra, inicialmente, exigió a las autoridades penitenciarias del gobierno capitalino que observaran las recomendaciones de los médicos de la poderosa política chiapaneca. Y es que su expediente clínico enlista por lo menos media docena de padecimientos crónicos y prescribe terapias de distinta índole.

La salud precaria de Gordillo Morales nada tuvo que ver con la prisión preventiva domiciliaria, que fue objeto de un distinto juicio de amparo del que conoció la magistrada del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal y que fue resuelto este 8 de febrero, concediendo la protección constitucional, para el efecto de que se deje sin efectos la resolución que negó la prisión domiciliaria y en su lugar se dicte otra que estrictamente se ciña a los lineamientos impuestos en la sentencia de amparo que protegió a la maestra Gordillo, ante la violación a sus derechos fundamentales.

La defensa de Elba Esther apeló a la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores y a los tratados internacionales signados por el Estado mexicano para reclamar la protección de sus derechos, incluso aun cuando está bajo proceso penal.

EFECTOS SECUNDARIOS

PELIGROSOS. El transporte de carga en las carreteras del país es el blanco preferido de la delincuencia organizada. De los 58,000 reportes de robo registrados en el 2016 han pasado a 75,000 vehículos asaltados en los primeros 11 meses del 2017 y aún falta diciembre, considerado por los especialistas como el más peligroso.

HERENCIAS. Comienzan las precampañas por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y el conflicto por Lomas de Tarango será, inevitablemente, un punto de conflicto. La historia es la siguiente: En el año 2009 cuando Martha Delgado era la secretaria de Medio Ambiente del GDF decidió declarar Área de Valor Ambiental a las barrancas de Tarango pero en la prisa por atender las demandas de las organizaciones ambientalistas por la construcción de la Supervía, la funcionaria incluyó en esa declaración hectáreas de terreno que son propiedad privada desde hace más de 60 años y de un plumazo fueron despojados sin un juicio, indemnización o proceso de expropiación. La reacción de los propietarios no se hizo esperar y ante el despojo de Delgado interpusieron juicios que después de años, en el 2014, la justicia les dio la razón y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la administración de Mancera tuvo que darles el “Usted disculpe” y devolverles sus propiedades. El caso es que hoy Martha Delgado, bajo la bandera de Sociedad Civil, pretende encabezar un movimiento para evitar que los propietarios puedan hacer uso de su patrimonio y así justificar el trabajo mal hecho en el 2009 y de paso recuperar protagonismo entre los ambientalistas capitalinos.