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Al precio infinito de proteger al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, hay que sumarle la defensa implícita de 9 personas más que vienen en la misma acusación del Gobierno de Estados Unidos, quienes “mágicamente” han desaparecido de la atención pública, de quiénes nos se sabe bien a bien qué hicieron o qué no hicieron, de dónde surgieron, cuáles son sus complicidades criminales con grupos locales, o si son tan inocentes como Rocha.

Entre los coacusados estarían un subdirector de la policía estatal, un mando policial, y un jefe policial, así como un ex titular de seguridad pública. ¿A ellos también los va a defender a capa y espada el gobierno que encabeza la doctora Sheinbaum?

¿Quiénes son, además del ya famoso senador Enrique Inzunza?

¿Dónde están? ¿Tienen escolta de la Guardia Nacional? ¿Acompañan al gobernador Rocha en su escondite?

Perdón, no se esconde, simplemente no sabemos dónde se encuentra, igual que sucede con sus compañeros de acusación norteamericana.

Lo que se ha escuchado es que Rocha estaría oculto en el Palacio de Gobierno de Culiacán, lo que parece muy absurdo, pero se dan casos en nuestro país.

¿Por qué defendemos institucionalmente, que eso es el discurso de que no existen pruebas, a tres policías que también habrían participado en secuestros y asesinatos? ¿Por qué los han colocado en situación de igualdad con un político tan cercano a López Obrador, a MORENA, como es Rocha? ¿Por qué no sabemos si la Fiscalía General de la República los está investigando?

Las últimas declaraciones de la institución que encabeza Ernestina Godoy aseveran que se investiga al gobernador Rocha por el asesinato de Héctor Melesio Cuén, indagatoria que existía, en algún escritorio, desde hace dos años. ¿Y los demás acusados?

Cada día suben los precios políticos a pagar por la defensa de estos diez presuntos criminales, implicados en asesinatos, protección a narcotraficantes y muchos otros delitos.  No únicamente en el ámbito de la relación con el gobierno de Estados Unidos, sino en la política nacional, donde se ha obligado, contra todo sentido común, contra todo lo que se ha dicho, publicado, al titular de Seguridad, Omar García Harfuch a sumarse a su defensa, declarando que nunca hubo ninguna evidencia de actividades criminales, que nunca se opuso a la detención de objetivos de alta seguridad. Con lo que la credibilidad del precandidato presidencial sale muy raspada, sin necesidad.

Declaraciones del todo innecesarias cuando la Fiscalía investiga, cuando no se le ha exculpado legalmente, ni a él ni sus nueve coacusados hoy desaparecidos, aparentemente desaparecidos por el bien de la Nación.

¿Qué sucederá si resulta que uno o más de los coacusados, sobre todo los que tienen señalamientos de secuestradores y asesinos, mágicamente son encontrados culpables y deben ser detenidos? ¿Los encontrarán?