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Luego de firmarse ayer, en Washington, los Compromisos para dar seguimiento al trabajo sobre el caso Ayotzinapa entre representantes del Estado mexicano y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la única certeza es…  la duda.

Por ejemplo: “Integrar el informe del GIEI en la investigación…”, ¿significa que todos los detenidos (más de 100) deberían salir libres, ya
que ese informe presupone que todos los testimonios fueron obtenidos con tortura?

Otro: “Planificar de forma conjunta una ruta de investigación…” (vale la pena ver los párrafos completos), parece indicar que no habrá actuación, diligencia o peritaje ministerial si antes no lo autoriza el GIEI.

¿Adiós a la facultad que la Constitución asigna exclusivamente al Ministerio Público Federal?

Los compromisos, en su literalidad, parecen implicar que, hasta para consignar a probables nuevos responsables del crimen, la PGR debe pedir permiso a los independientes

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