Detrás del cártel inmobiliario

Ha pasado un año de las primeras denuncias periodísticas contra los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México y los desarrolladores inmobiliarios que habrían malversado los fondos destinados a la reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo del 17 de septiembre del 2017.

Juan José Serrano Mendoza había litigado contra la administración capitalina justo por el caso Rébsamen y por su actuación, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, lo invitó a sumarse a su equipo, como secretario de la Contraloría. Sus primeras pesquisas estuvieron enfocadas a revisar las gestiones de los exsecretarios de Desarollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, y de Obras y Servicios, Edgar Tungüi, quien al igual que Ricardo Becerra Laguna, estuvo al frente de la Comisión para la Reconstrucción.

“La única consigna es concluir las investigaciones y de ser el caso dar vista a la Fiscalía, con expedientes bien sustentados”, comentaba entonces Serrano Mendoza cuando se le cuestionaba si actuaría contra otros exfuncionarios capitalinos, cercanos a Miguel Ángel Mancera o inclusive contra el exmandatario perredista.

Los hermanos Luis Ernesto y Julio César Serna encabezaban la lista de sospechosos, en la que algunos insistían que se incluyera a los extitulares de SEDUVI, Simón Neumann, y SEDECO, Salomón Chertorivski Woldenberg. En medio, Fausto Galván, excoordinador general de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo de la Ciudad.

El rango de acción del exsecretario calderonista en SEDECO era amplio: desde la regularización de los tianguistas hasta la remodelación de los mercados públicos, los programas de impulso a las Pymes, los asuntos laborales y el desarrollo inmobiliario. A Chertorivski sólo le faltó asumir la promoción deportiva y turística, pero Macera decidió dejarlos en otras manos, igual que la Central de Abastos, cuyo titular reportaba directamente a la Oficina del jefe de Gobierno.

Igual, Simón Levy Dabbah, director de Calidad de Vida, paraestatal sectorizada a la SEDECO que ejecutiraría los proyectos de desarrollo social y económico en la ZODES seleccionadas por Galván en la coordinación de Gestión. Chertorivski era el jefe de ambos sólo en el organigrama.

La tarea común: propiciar una economía estable y dinámica en la ciudad, que conciliara el desarrollo social con la sustentabilidad ambiental. Galván quedó a cargo de la identificación de inmuebles subutilizados (normativa y funcionalmente), para convertirlos en zonas de desarrollo estratégico.

La conversión de la Planta de Asfalto en la Ciudad de la Salud y el rescate de la Zona Rosa, a través del Corredor Cultural Chapultepec serían los detonantes de este nuevo modelo de aprovechamiento territorial.

Los roces constantes entre los secretarios y sus subordinados ralentizaron los proyectos, mientras que los manceristas vieron crecer los megaconjuntos habitacionales que son el distinto del sexenio. Y luego, la irrupción de Morena en el escenario electoral en el 2015 —entre los jefes delegacionales electos estaba Claudia Sheinbaum— afectó su curso, hasta que en el 2017 ocurrió el sismo.

Ahora con la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, nuevas denuncias periodísticas, pero sobre todo el cateo de la Fiscalía a la vivienda del yerno de Serna y la inhabilitación de la Contraloría local a Mancera Espinosa, suponen el inicio de acciones concretas contra los principales funcionarios de la anterior administración capitalina.

¿Rendición de cuentas o venganza anticipada? A las alertas de los manceristas se sumaron las invectivas del subsecretario Hugo López-Gatell hacia Chertorivski Woldenberg, a quien atribuyó intencionalidades políticas tras de su postura hacia la contingencia sanitaria.

Y es que simultáneamente a sus actividades como speaker, académico del CIDE y presidente del consejo consultivo de Movimiento Ciudadano, Chertorivski Woldenberg estaría en el centro de una iniciativa que buscaría articular un frente opositor a Morena en la CDMX.

Efectos secundarios

¿REACTIVACIÓN? La gentrificación y la movilidad son los nuevos ejes del desarrollo inmobiliario, con la onerosa herencia mancerista de los centros comerciales y rascacielos en las principales vialidades de la CDMX —Insurgentes, Reforma y el Periférico— pletóricos de locales y oficinas vacías. La incertidumbre por el cambio de gobierno frenó muchos proyectos en ciernes, que ahora por la contingencia sanitaria y la crisis económica se esfumarían. Víctor Hugo Rosales, de Yavo Capital, recuerda que para los inversionistas, el sector inmobiliario siempre ha sido un refugio financiero, pero estima que el inventario de viviendas disponibles actualmente sólo alcanza para cubrir la demanda para los próximos 12 meses. Rosales está al frente de una Sofom y de Smart Vylon, un desarrollador de vivienda que funciona como un vehículo de inversión y tiene más de 1,000 viviendas construidas y vendidas en México. Su estrategia es invertir en desarrollos de apartamentos residenciales diversificados en edificios de entre 4 y 10 pisos, los cuales se construyen, no sólo en la ciudad de Ciudad de México, sino también en la Riviera Maya. Estos departamentos son ecoamigables y promueven la inclusión social.

INSUFICIENTES. La propuesta que presentó Aeroméxico, que lleva Andres Conesa, al sindicato de pilotos (ASPA) quedó lejos de ser una propuesta que pudiera ser bien recibida por los trabajadores. Y es que la compañía parece haber olvidado que fueron precisamente los pilotos quienes, desde la compra de la empresa en el 2007 por un grupo de empresarios mexicanos, han apoyado una y otra vez a la compañía a través de diferentes acuerdos que han flexibilizado los costos de la aerolínea. Estos acuerdos le dieron sustentabilidad tanto en los momentos críticos como también durante el periodo de mayor expansión entre 2012 y 2017. De ahí que son falsas las versiones de que sin el apoyo de los pilotos la empresa se irá a la quiebra. Por el contrario, el interés del sindicato es de tal importancia que como asociación sindical participa en la Corte de Estados Unidos con uno de los siete votos en el Comité de Acreedores del Capítulo 11. Esto sin contar que han realizado dos acuerdos con la aerolínea desde que inició la crisis del Covid-19, aportando tres reducciones de sus sueldos y compensaciones —65, 37.5 y 30 por ciento— que permitieron compensar la dura caída en los ingresos ante la baja del tráfico de pasajeros.

Twitter: @aguirre_alberto