Detrás de la revocación de mandato

Han pasado tres semanas de que Martí Batres cambió su oficina al Palacio del Ayuntamiento. Uno de los primeros conflictos que debió atender, ya en funciones como secretario general del Gobierno de la Ciudad de México, fue el bloqueo del Senado orquestado por un grupo de trabajadores que reclaman —respaldados por la diputada morenista Araceli Ocampo Manzanares— el reconocimiento pleno de su organización gremial por parte de los administradores del recinto legislativo.

Dos semanas antes, un contingente de jubilados y pensionados del IMSS se instalaron frente a la sede central de esa dependencia y durante una semana bloquearon los carriles centrales del Paseo de la Reforma. La instrucción de la jefa de Gobierno, avalada por las autoridades federales, era encausar al diálogo, sin reprimir.

Con Batres en su equipo, esa premisa seguirá vigente. Para el desahogo de esas materias y de los asuntos parlamentarios, la Secretaría de Gobernación cuenta ahora con Jorge Roberto Ordoñez y Yuri Gabriel Beltrán, quien, como el exsenador morenista, esa semana inició su gestión como titular de la Unidad de Enlace.

Las gestiones de los funcionarios locales y federales fueron efectivas en ese momento. Y lo será en las horas siguientes, en un asunto de mayor calado.

Mientras las comisiones dictaminaban sobre las iniciativas enviadas por los distintos grupos parlamentarios sobre la revocación de mandato, Ricardo Monreal Ávila avanzó en las negociaciones con los líderes de las bancadas de oposición.

Los equilibrios precarios con petistas y pevemistas le daban un margen de confianza. La conversación con Dante Delgado siempre ha sido fluida —su relación está basada en la confianza, pero sobre todo en el respeto al cumplimiento de la palabra empeñada— y sin reservas obtuvo su respaldo para convocar al periodo extraordinario.

Los representantes priistas —Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu— y el líder perredista, Miguel Ángel Mancera, accedieron a darle un voto de confianza. El líder de la mayoría sabía que enfrentaría las mayores resistencias con los panistas.

Al igual que los otros representantes de la oposición, los senadores del blanquiazul formularon una larga lista de agravios, casi todos expresados en las conferencias matutinas en Palacio Nacional.

La promesa de abrir una nueva etapa, con el cambio de Legislatura, resultó un incentivo poco atractivo, aunque la promesa de procesar las prioridades de cada fuerza política en el primer periodo ordinario de sesiones abrió un camino seguro.

Pero ayer hubo un cambio súbito. Los panistas ya no buscaron a Monreal Ávila. Y tampoco harán contacto con el consejero jurídico del Gobierno federal, Julio Scherer Ibarra.

¿Pérdida de confianza o apuestas al futuro? A dos semanas del fin de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, las negociaciones cambiaron de epicentro. Y en el Palacio de Covián anoche se definía el destino del periodo extraordinario.

Un trabajo contrarreloj. Al mediodía deberá sesionar la Comisión Permanente. Antes, los coordinadores parlamentarios —incluido Monreal Ávila— tendrían que haber alcanzado un acuerdo con la secretaria Olga Sánchez Cordero.

Un cambio de interlocutor, literalmente al cinco para las 12, que tuvo un efecto búmeran. Las probabilidades de que el periodo extraordinario sea convocado por la Permanente para expedir la Ley Federal reglamentaria de la fracción IX del Artículo 35 de la Constitución quedaron reducidas al mínimo.

¿El esfuerzo previo será en vano? En el recinto legislativo saben que, en cualquier caso, el dictamen de las comisiones unidas —aprobado en lo general y en lo particular— sería la base para programar su votación en cuando inicie el próximo periodo ordinario de sesiones. Es decir, a partir del próximo 3 de septiembre podría llegar al recinto legislativo.